La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó al Poder Judicial que revoque la medida de comparecencia con restricciones vigente para la expremier Betssy Chávez, y en su lugar, dictar prisión preventiva tras su ingreso a México con asilo político.

Desde junio de 2023, Betssy Chávez cumplía una orden de prisión preventiva por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, en septiembre pasado, el Tribunal Constitucional anuló dicha medida mediante una controvertida sentencia.

Desde entonces, la exministra se encuentra bajo reglas de conducta que incluyen pasar por control biométrico cada 7 días y acudir a todas las diligencias fiscales o judiciales a las que sea requerida. Sin embargo, la fiscal Ávalos advierte que Chávez ha incumplido estas obligaciones.

Específicamente, no se ha presentado a su control biométrico en tres ocasiones (29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre) y ha faltado a cuatro sesiones del juicio oral, a pesar de tener conocimiento de la obligatoriedad de su participación. La fiscal considera que estas acciones «demuestran irrefutablemente que infringió las reglas de conducta impuestas en su contra», según se lee en su requerimiento.

La Fiscalía argumenta que la prisión preventiva es la medida más adecuada en este caso, ya que la comparecencia con restricciones no ha cumplido su propósito. Consideran que esta medida es útil y apropiada para garantizar la finalidad constitucional del proceso penal, asegurar la presencia del imputado y evitar posibles obstáculos en la investigación.

El juez supremo encargado de la investigación, Juan Carlos Checkley, programó para el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m. la audiencia de revocatoria de la comparecencia con restricciones. En su resolución, dejó constancia de que la defensa de Chávez será asumida por la defensoría pública, en caso de que su abogado Raúl Noblecilla no comparezca a la audiencia.

Fiscalía mantiene pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo

Por otro lado, la Fiscalía peruana reafirmó su solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La petición incluye:

• 25 años por rebelión
• 3 años por abuso de autoridad
• 6 años por grave perturbación de la tranquilidad pública

El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde explicó en los alegatos finales del juicio oral que, en caso de que el tribunal opte por condenar a Castillo por conspiración en lugar de rebelión, la pena sería de 19 años y 30 días. Esta cifra incluye:

• 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración
• 10 meses y 15 días por abuso de autoridad
• 6 años y 9 meses por grave perturbación

La posibilidad de que los hechos sean calificados como conspiración fue planteada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, lo que podría reducir la condena para los acusados. En ese escenario, la Fiscalía también solicitó 11 años, 5 meses y 15 días de prisión para el exprimer ministro Aníbal Torres, la exministra Betssy Chávez —actualmente en México con asilo—, y otros implicados como el exministro del Interior Willy Huerta, el comandante Justo Jesús Venero Mellado y el general Ma…