Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de ACS, consigue embargar 315 millones de dólares a Perú por el proyecto del Metro de Lima

El conglomerado español ACS ha logrado que la justicia de Luxemburgo apruebe el embargo de bienes del Estado peruano por un monto superior a los 315 millones de dólares, en un proceso iniciado en febrero de 2025. La medida se fundamenta en la legislación luxemburguesa, conocida por ser favorable para la ejecución de laudos internacionales, y responde a la falta de pago tras una sentencia arbitral emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Este litigio, que se remonta a más de ocho años, tiene su origen en una disputa entre ACS, a través de su concesionaria del Metro de Lima, y el Estado peruano. La controversia comenzó en 2017 cuando la concesionaria presentó una reclamación ante el CIADI por retrasos en la entrega de terrenos, incumplimientos en la aprobación de estudios técnicos y otros fallos contractuales que provocaron sobrecostos y retrasos en la ejecución del proyecto. Ambas partes reclamaron más de 700 millones de dólares en total.

En marzo de 2024, el CIADI emitió una decisión parcial a favor de la concesionaria, que fue ajustada en octubre del mismo año tras la corrección de errores. La sentencia definitiva estableció una indemnización de aproximadamente 456 millones de dólares, sumada a intereses calculados desde la fecha del laudo. Sin embargo, el Gobierno peruano solo abonó 106 millones, correspondientes a daños y costas, dejando pendiente un saldo de más de 350 millones.

El incumplimiento de pago ha permitido a ACS proceder con la ejecución del laudo en Luxemburgo, donde la ley facilita la incautación de activos estatales para garantizar el cumplimiento de las sentencias internacionales. La acción legal también ha provocado una solicitud del Estado peruano para anular parcialmente el laudo, presentada en febrero de 2025, y una petición para suspender la ejecución, cuya resolución se espera para octubre de este año.

Este proceso de arbitraje refleja los riesgos que enfrentan las empresas de infraestructura europeas en América Latina, donde las disputas con los gobiernos por retrasos, cambios en los contratos o sobrecostos son frecuentes. Florentino Pérez, presidente de ACS, ha defendido la vía arbitral como un mecanismo clave para proteger las inversiones en el extranjero. La resolución final en Luxemburgo podría marcar un precedente importante para futuros casos de inversión internacional en la región.

El enfrentamiento legal aún no concluye y, con más de 300 millones en disputa, se espera que el proceso se extienda durante los próximos años. La decisión del CIADI y la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes serán determinantes para evitar un conflicto prolongado y costoso. La situación pone en evidencia la importancia de los mecanismos internacionales de resolución de disputas y la necesidad de que los Estados fortalezcan sus marcos legales para gestionar estos casos de manera efectiva.