Fuerza Popular bajo investigación por plancha presidencial y esquema criminal de Keiko Fujimori

Investigan el Caso Lava Moto: Acusan a Keiko Fujimori de Liderar una Organización Criminal

La candidata presidencial Keiko Fujimori está siendo investigada por presuntamente liderar un grupo de cinco fujimoristas que habrían conformado una estructura para recibir fondos de origen ilícito. Estos recursos habrían sido utilizados para financiar las impugnaciones contra los votos obtenidos por Pedro Castillo en las elecciones de 2021.

Acusaciones y Fundamentos de la Investigación

Keiko Fujimori y miembros de su entorno están bajo investigación por presunta participación en una organización criminal dedicada al lavado de activos. La fiscal Manuela Villar, en la carpeta N° 43-2021, sustenta esta tesis detallando cómo esta estructura habría operado para inyectar dinero de origen ilícito y desconocido en la campaña electoral y en la tesorería del partido Fuerza Popular.

Según el documento al que tuvo acceso La República, el esquema criminal, denominado ‘Lava Moto’, tenía como objetivo principal financiar las impugnaciones electorales presentadas por Fuerza Popular contra los votos de Pedro Castillo en los comicios de 2021.

Operaciones Ilícitas y Financiamiento Cladestino

Estos fondos, presuntamente obtenidos de forma ilícita, habrían sido dirigidos de manera clandestina a la campaña electoral. La investigación señala que los recursos se entregaban sin trazabilidad bancaria, mediante sobres cerrados y con la intermediación de motorizados. Todo esto, con la intención de ocultar su origen y facilitar su ingreso al financiamiento político.

Los Nombres y Roles de los Implicados en Lava Moto

La investigación no solo involucra a Keiko Fujimori, sino también a cinco figuras del fujimorismo, incluyendo a dos miembros de su plancha presidencial. Los sindicados son:

• Keiko Fujimori Higuchi: Líder de la presunta organización criminal y presidenta del partido Fuerza Popular.
• Luis Galarreta Velarde: Secretario General Nacional y miembro de la plancha presidencial, a quien se le atribuye gestionar aportes anónimos y falsos.
• Miguel Torres Morales: Vocero y Subsecretario General Nacional, responsable de gestionar fondos similares a Galarreta. Ambos habrían gestionado e inyectado aportes privados irregulares y ejecutado fondos públicos en operaciones que involucraron a las empresas CRP Medios y Entretenimiento, Grupo RPP y Prime Time SAC.
• Karina Beteta: Tesorera del partido, encargada de la contabilidad y gestión de recursos. Conocía los ingresos irregulares y, pese a ello, dispuso la ejecución de fondos en las cuentas del partido, algunas de las cuales habrían negado servicios a las empresas mencionadas.
• Lindman Miranda Zamalloa: Contador de Fuerza Popular, responsable del registro de ingresos y egresos.
• Liliana Takayama Jiménez: Representante legal, quien habría gestionado escritos ante el JEE y JNE relacionados con activos ilícitos.

Modus Operandi y Antecedentes

La Fiscalía sostiene que la presunta organización criminal no sería un fenómeno nuevo, sino que habría sido «instrumentalizada» por Keiko Fujimori en las campañas de 2011 y 2016, con el fin de ingresar recursos ilícitos con fines de beneficio personal y para consolidar su camino hacia el poder ejecutivo.

En la campaña de 2021, esta estructura habría facilitado el ingreso de fondos de origen desconocido al patrimonio de Fuerza Popular, usando métodos como aportantes anónimos, aportantes falsos y el presunto uso indebido de fondos públicos. La estrategia buscaba incrementar patrimonios mediante operaciones anómalas, sin justificación contable ni explicación razonable.

La Fiscalía indica que los seis investigados permitieron la ejecución de activos ilícitos, sin trazabilidad bancaria, mediante sobres cerrados y con ayuda de motorizados. Estas operaciones buscaban dar apariencia de legalidad ante las autoridades electorales, incluso cuando los fondos eran ilegales.

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