Fuerza Popular, Renovación Popular y APP no tienen en su plan de gobierno medidas concretas contra el consumo de drogas

Los partidos políticos presentaron sus planes de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte del proceso de inscripción para las Elecciones Generales 2026. En ese marco, agrupaciones como Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) también cumplieron con este requisito; sin embargo, al revisar sus propuestas de gestión ante un eventual gobierno, no se advierten medidas concretas orientadas a combatir el consumo de drogas.

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Los planes de gobierno sobre esta materia cobran relevancia debido a que en noviembre de este año las Fuerzas Armadas y la PNP incautaron 1.8 toneladas de insumos químicos en Llochegua, provincia de Huanta, región de Ayacucho, en el sector del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En el operativo también se destruyó dos laboratorios clandestinos, se decomisó más de 380 kilos de sulfato de cocaína y más de 14 toneladas de drogas.

Por otro lado, un iinforme de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de octubre de este año, reveló que la edad del inicio de consumo de alcohol y drogas de un adolescente se redujo a los 10 años, cuando anteriormente solía ser desde los 13 y 14. Las zonas más afectadas por esta problemática son Madre de Dios, Tacna y Tumbes.

Esto [sobre la edad temprana de consumo de drogas] es una situación preocupante porque se sabe que a más temprana la edad del inicio, las probabilidades de desarrollar problemas, incluidos la dependencia o la adicción, se incrementan sostenidamente», detalló Eduardo Cruz, subdirector de Devida, quien además reveló que en la mitad de escolares con mayor consumo de drogas o alcohol es porque fue enviado por un adulto familiar.

Renovación Popular

En el caso de Renovación Popular, que lleva a Rafael López Aliaga como candidato presidencial, en su plan de gobierno de tan solo 25 páginas no se visualizan propuestas certeras para esta lucha. Según el partido, el problema que pudo detectar son los «altos niveles de delincuencia y proliferación del pandillaje con alta proliferación de microcomercialización de drogas».

Además, según indican, la implementación de cámaras de videovigilancia ayudará a terminar con dicha adicción en los jóvenes y la masiva comercialización de drogas.

Al respecto, proponen enfrentar esta problemática mediante la implementación de Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, el fortalecimiento de la inteligencia y el uso de agentes encubiertos integrados en las instituciones del Estado. Además, consideran que la suscripción de un convenio con Estados Unidos para servicios de inteligencia, el empleo de tecnología especializada y la extradición de cabecillas de bandas criminales vinculadas al denominado terrorismo urbano permitirían erradicar el problema de raíz.

Sin embargo, no se hace mención sobre la erradicación de la venta de drogas, problemática que afecta considerablemente a jóvenes y escolares.

En el plan de gobierno de Renovación Popular solo se menciona 3 veces la palabra «drogas». «Narcotráfico» no aparece dentro del plan de trabajo.

Única propuesta de Renovación Popular para combatir el consumo de drogas. El problema de fondo no se abarca en las propuestas del plan de gobierno.

Alianza para el Progreso

En el plan de gobierno de Alianza para el Progreso (APP) que consta de 79 páginas, hay un dato interesante: en ninguna parte se menciona la palabra «droga» o «drogas», ni «adicción»

Sin embargo, palabra «narcotráfico» se menciona una sola vez en el rubro de minería ilegal del Fortalecimiento Integral del Desarrollo Minero». Según el documento presentado ante el JNE, en para este sector del país proponen inteligencia y trazabilidad de insumos.

«Implementar un sistema nacional de trazabilidad de explosivos, combustibles y mercurio, permitiendo identificar las zonas de operación ilegal. Interdicción focalizada en redes criminales ligadas al narcotráfico y la trata de personas», se lee en el plan de gobierno.

En pocas palabras, no se menciona expresa e implícitamente medidas en lucha contra el consumo de sustancias ilícitas. En cuanto a los jóvenes -sin que se haga mención como parte de una medida de prevención dentro del plan de gobierno- se habla de oportunidades de estudios superiores, bonos para acceder a viviendas, puestos de trabajo y oportunidades laborales.

Esto es lo único que aborda el partido de César Acuña en la lucha contra el consumo de drogas

Fuerza Popular

Desde Fuerza Popular, el partido que lleva a Keiko Fujimori como candidata presidencial, solo plasmó una sola vez la palabra «drogas» recién en la página 83 del plan de trabajo como parte diagnóstico social del Perú.

No obstante, tampoco se menciona la palabra «Vraem» y la lucha contra las drogas en dicho lugar.

Sin embargo, el partido fujimorista plantea la «prevención del delito» con programas nacionales de prevención temprana con programas deportivos, culturales y artísticos para niños y adolescentes con factores de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad juvenil y el fortalecimiento de la salud mental en las instituciones educativas.

Además, proponen la instalación del Consejo Presidencial de Prevención del Delito y Convivencia Ciudadana, así como el Control de cadenas de valor criminales con interdicción de insumos, rutas y puntos de comercio, a fin de combatir la minería ilegal, narcotráfico, trata de personas y extorsión como parte de la lucha contra el consumo de drogas.

Perú Libre

El partido que llevó a la presidencia en 2021 al sentenciado Pedro Castillo tampoco incluye medidas concretas en la lucha con el consumo de drogas. De hecho, no menciona la palabra «drogas», «adicción»,»sustancias ilícitas» en su plan de gobierno.

No obstante, solo coloca una vez -y en paréntesis- «narcotráfico». La organización política detectó que el crimen organizado se ha expandido en todo el territorio peruano y que está «asociada al debilitamiento del Estado, la captura de territorios por economías ilegales y que hay falta de control efectivo sobre circuitos financieros y redes criminales internacionales.

Ante esa problemática, el partido perulibrista se coloca como objetivos al 2028, desarticular al menos 200 organizaciones criminales de alto impacto, «priorizando aquellas vinculadas a las economías ilegales estratégicas».

Sin embargo, el partido no precisó la manera de cómo implementará dichas medidas anunciadas en caso vuelvan a ser gobierno otra vez.

Porque no solo plantean ello, sino también recuperar progresivamente el control estatal en lugares copados por las bandas delictivas y también proponen incrementar «de manera sostenida» la incautación recuperación de bienes ilícitos, destinándolos a programas de seguridad, prevención de desarrollo social.

En los hechos, esta propuesta es contradictoria. En diciembre del 2024, Perú Libre votó a favor de la Ley 32326 (Ley de extinción de dominio).