Fundador de APP critica ola de inseguridad en Trujillo tras atentado con dinamita y responsabiliza al gobierno central

La inseguridad en Trujillo y la respuesta de las autoridades

La reciente escalada de violencia en Trujillo ha puesto en evidencia la gravedad de la situación en esta ciudad del norte del Perú. El atentado con dinamita ocurrido la noche del 14 de agosto, atribuido a la organización criminal Los Pepes, generó alarma en toda la población. El ataque dejó al menos cinco heridos, más de veinte viviendas dañadas y provocó cortes masivos en el suministro eléctrico. La explosión, que utilizó entre 15 y 20 cartuchos de dinamita, fue dirigida contra la vivienda de la madre de Sergio Bolaños, exmiembro de la banda Los Pulpos. Este hecho forma parte de una disputa territorial que enfrentan bandas dedicadas a la extorsión y el narcotráfico, como La Jauría y otras organizaciones criminales en la región.

Respuesta y posicionamiento de César Acuña

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, defendió su gestión ante la crisis de inseguridad y aclaró que la responsabilidad principal recae en el gobierno central y la Policía Nacional del Perú (PNP). Aseguró que La Libertad ha realizado inversiones importantes en recursos y apoyo logístico para fortalecer a las fuerzas del orden, pero enfatizó que la capacidad operativa para combatir la delincuencia corresponde a las instituciones nacionales y al Ejecutivo.

Al ser consultado sobre su papel en la crisis, Acuña reiteró que su función no es garantizar directamente la seguridad ciudadana. “Recuerden que quien se encarga de la seguridad es la Policía Nacional, y algunos pretenden responsabilizar al gobernador, lo cual no es correcto”, afirmó. Además, precisó que las autoridades regionales han destinado recursos para mejorar la situación, pero la lucha contra las organizaciones criminales requiere una respuesta coordinada a nivel nacional.

Infraestructura policial y desafíos administrativos

Un elemento que ha generado críticas es la situación de más de ochenta motocicletas policiales almacenadas en una cochera regional, debido a trámites pendientes de regularización de documentos y placas. La demora en poner estas unidades en funcionamiento ha sido motivo de preocupación, especialmente en un contexto donde la criminalidad aumenta. Acuña explicó que los trámites administrativos aún están en proceso y que las motocicletas serán entregadas una vez finalizados los procedimientos legales correspondientes.

En medio de la polémica, la autoridad regional aseguró que la intención es fortalecer la seguridad, pero que los procesos administrativos deben cumplirse para garantizar la legalidad y correcto uso de los recursos. La situación refleja los desafíos que enfrentan las instituciones para responder eficazmente a la creciente ola de delitos en Trujillo y alrededores.

Reacciones políticas y propuestas de solución

La crisis en Trujillo ha provocado también un debate político. El congresista Eduardo Salhuana, representante de Alianza para el Progreso (APP), partido fundado por Acuña, defendió la gestión del gobernador y afirmó que la problemática responde a un problema estructural del sistema de seguridad nacional. Sostuvo que, aunque se han incorporado miles de policías, también se han retirado otros tantos, lo que evidencia un desequilibrio que requiere una reorganización urgente.

Otros actores políticos coinciden en que la solución debe ser integral, incluyendo una mayor inversión en inteligencia, capacitación policial y en la infraestructura de seguridad. La situación en Trujillo refleja la necesidad de una estrategia nacional que aborde las raíces del problema y garantice la protección de la ciudadanía en toda la región.