Gobierno de Boluarte respalda ley de amnistía para acusados por violaciones a derechos humanos y anuncia su promulgación

El gobierno de Dina Boluarte tiene hasta el 15 de agosto para decidir si promulga o veta la ley aprobada por el Congreso que otorga amnistía a personas procesadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en Perú, ocurrido entre 1980 y 2000.

La presidenta ha manifestado su respaldo a la iniciativa legislativa, defendiendo su contenido y cuestionando la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que no se promulgue. En esa línea, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembur, afirmó que el Consejo de Ministros apoyó mayoritariamente la aprobación de la ley, que beneficiaría a militares, policías y miembros de las rondas campesinas procesados por estos crímenes.

“Vamos a promulgarla. La ley será aprobada tras las deliberaciones en el Consejo de Ministros”, afirmó Whittembur en una entrevista con RPP. El funcionario también resaltó que el Ejecutivo respalda el trabajo de las fuerzas del orden y que se mantiene firme en la defensa de la autonomía del país frente a la presión internacional.

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, adelantó que en los próximos días el gobierno procederá con la promulgación definitiva de la ley, reafirmando así la soberanía peruana frente a la Corte IDH. Sin embargo, la institución internacional ha insistido en su posición de no permitir la promulgación, argumentando que vulnera los derechos de las víctimas.

El gobierno peruano ha denunciado lo que considera una injerencia del tribunal en asuntos internos, y ha anunciado la creación de una comisión mixta para analizar la posible salida del país del sistema interamericano de derechos humanos, específicamente del Pacto de San José. Esta iniciativa no es nueva, ya que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ya había mencionado en su discurso ante el Congreso que se evaluarían alternativas para reducir la participación del Perú en la Corte.

Desde 2024, el Ministerio de Justicia ha llevado a cabo asambleas regionales para discutir la aplicación de la pena de muerte y la posible retirada del país del sistema interamericano, en un contexto de creciente tensión entre las autoridades peruanas y organismos internacionales de derechos humanos. La decisión final sobre la promulgación de la ley de amnistía, así como las acciones futuras respecto a su relación con la Corte IDH, marcarán un punto clave en la política interna y en la posición del Perú en el ámbito internacional.