El gobierno de Perú anunció que, tras un análisis exhaustivo, no otorgará el salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra en la embajada de México en Lima. La decisión se tomó después de consultar con expertos y analizar la solicitud de la excongresista, que recibió asilo diplomático en México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que, tras realizar consultas internas y con juristas especializados en la región, concluyó que la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, adoptada en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sufrido una evolución negativa en su práctica internacional. Según el comunicado, en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando delitos comunes como persecución política.

Para el gobierno peruano, esta práctica desnaturaliza el objetivo original de la Convención, que busca proteger a nacionales perseguidos políticamente dentro del Sistema Interamericano, y no facilitar que personas que han cometido delitos evadan la justicia nacional. El documento oficial señala: “En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales y permitir que quienes han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”.

Por su parte, la Cancillería mexicana expresó su profundo malestar ante la decisión peruana, calificándola como una distorsión del derecho de asilo. La institución afirmó que el derecho de asilo se ha desvirtuado al concederse a quienes no sufren persecución en países democráticos, sino que son procesados o condenados por delitos comunes.

Siguiendo instrucciones del presidente de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú anunció que presentará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954. El objetivo es evitar que continúe la interpretación que, a su juicio, tergiversa su esencia.

El comunicado oficial señala: “La intención es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”. Las gestiones en este sentido se realizarán con carácter urgente, y el gobierno peruano adelantó que dará a conocer los resultados en breve. Una vez concluido el proceso, se tomarán las decisiones que correspondan.

El pasado día, en una entrevista con CNN, el viceministro de Relaciones Exteriores, José Jerí, afirmó que se adoptará una postura “sobre la base de la información técnica y los acuerdos internacionales”.

El internacionalista Óscar Vidarte advirtió que negar el salvoconducto a Betssy Chávez podría afectar negativamente la reputación internacional de Perú. Explicó que tanto el asilo político como los salvoconductos están regulados por tratados internacionales que el país ha suscrito y debe respetar, incluso en casos polémicos o controvertidos.

Además, el experto resaltó que el incumplimiento de estos compromisos podría derivar en críticas y cuestionamientos en foros multilaterales, poniendo en riesgo la imagen de Perú como Estado respetuoso del derecho internacional y de los acuerdos asumidos.

Vidarte también señaló que, aunque existen dudas sobre los cargos contra Chávez, las convenciones sobre asilo obligan a los Estados a facilitar los procedimientos cuando se concede protección en una embajada. El incumplimiento de estos acuerdos podría generar tensiones diplomáticas, no solo con México, sino con otros países de la región.

En situaciones similares, otros Estados han priorizado el cumplimiento de las normas internacionales frente a presiones políticas, buscando mantener su credibilidad en el ámbito diplomático y legal.