GOBIERNO DE PETRO Lanza PAZ TOTAL: Diálogos con Guerrillas y Crimen Organizado para Terminar el Conflic

El avance de la política de Paz Total en Colombia

Desde 2022, el Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha implementado la estrategia denominada Paz Total. Esta iniciativa busca abrir canales de diálogo y negociación con diferentes actores armados ilegales, incluyendo guerrillas, disidencias de las FARC y grupos criminales, con el objetivo de poner fin al prolongado conflicto armado que azota al país.

La política también contempla rutas de sometimiento a la justicia para estructuras vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas, con el fin de desmantelar redes criminales y promover la reintegración social. En paralelo, el gobierno ha promovido una serie de medidas legales para respaldar esta estrategia.

Marco legal y negociaciones con distintos actores

En 2020, el Congreso aprobó la Ley 2272, conocida como Ley de Paz Total. Esta legislación otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reiniciar o iniciar conversaciones con grupos insurgentes con fines políticos, así como de llevar adelante procesos judiciales dirigidos a desarticular organizaciones criminales. La ley busca equilibrar la negociación política con la acción judicial, en línea con los principios del Estado de Derecho.

El enfoque del gobierno en las negociaciones varía según el actor. Cuando se trata de grupos políticos armados, se promueven mesas de diálogo con una agenda estructurada que incluye temas como la participación de la sociedad civil, ceses bilaterales al fuego, reformas rurales, programas de sustitución de cultivos ilícitos y estrategias de reintegración social y económica, siguiendo el modelo del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC.

Por otro lado, en el caso de organizaciones criminales sin reconocimiento político, las conversaciones se centran en condiciones para su entrega, desmantelamiento de redes y cooperación con las autoridades judiciales. A cambio, se ofrecen beneficios como penas reducidas y garantías de seguridad, una estrategia que ha sido ajustada por la Corte Constitucional para delimitar claramente lo político de lo criminal.

Desafíos y avances en el proceso de paz

Implementar este marco jurídico en la práctica ha resultado complejo. Aunque el gobierno ha mantenido diálogos con actores como el ELN y, en algunos casos, con disidencias de las FARC, la fragilidad de los acuerdos de cese al fuego ha llevado a un incremento en las operaciones militares. La tensión entre negociaciones y acciones militares refleja los desafíos en la consolidación de la paz.

Recientemente, el Gobierno ha retomado acciones militares en varias regiones del país. La detonante fue un bombardeo en Arauca, llevado a cabo el pasado 13 de noviembre, contra disidentes de las FARC liderados por alias “Iván Mordisco”. La operación, autorizada directamente por Petro, forma parte de una serie de ofensivas militares que, según el presidente, buscan reducir la presencia de estos grupos y proteger a la población.

El mandatario ha destacado que, en total, ha ordenado 12 bombardeos, siempre garantizando el respeto por los derechos humanos y usando inteligencia de origen estadounidense bajo condiciones estrictas. Estas operaciones han sido criticadas por algunos sectores, pero el Gobierno mantiene que son necesarias para garantizar la seguridad y la estabilidad.

Impacto en menores y situación humanitaria

Las operaciones militares también han tenido consecuencias humanas preocupantes. La Defensoría del Pueblo reportó la muerte de al menos 15 menores de edad, algunos de ellos reclutados por grupos armados y muertos en diferentes operativos desde agosto en departamentos como Amazonas, Guaviare y Arauca. La mayoría de estas víctimas tenían menos de 15 años.

Este fenómeno ha generado alarma y ha puesto en evidencia los riesgos del conflicto en la población infantil. La Defensoría instó a las autoridades a evitar que los menores sean afectados en operaciones militares, reiterando que ningún niño o adolescente reclutado debe ser víctima de la violencia.

Por su parte, el presidente Petro afirmó que las operaciones militares se ajustan al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el trato “al menos combatiente”. Sin embargo, también reconoció la importancia de respetar los derechos humanos y la necesidad de evitar daños colaterales, especialmente en casos que involucran a menores.