El Gobierno del Perú ha oficializado la declaración del estado de emergencia en Piura debido a una creciente ola de criminalidad, que incluye extorsiones y delitos asociados a economías ilegales. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo N° 146-2025-PCM, busca fortalecer la presencia del Estado en la región mediante acciones extraordinarias de control territorial, inteligencia y fiscalización.

La iniciativa contempla la coordinación entre la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y distintas instituciones del sistema de justicia, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva en las zonas más afectadas.

Provincias y distritos bajo vigilancia especial

La declaratoria de emergencia abarca las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara, aunque el decreto pone especial énfasis en siete distritos que concentran los niveles más altos de criminalidad: Piura, Castilla, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Sullana, Bellavista y Talara.

Durante este período, se activarán disposiciones especiales que incluyen desde el control de establecimientos penitenciarios hasta la supervisión de telecomunicaciones ilícitas, pasando por operativos en vías públicas, mercados informales y otros espacios identificados como focos delictivos.

Medidas implementadas durante el estado de emergencia

Uno de los aspectos centrales del decreto es el reforzamiento de las medidas en los penales de Piura y Sullana. Se dispone la restricción del régimen de visitas, permitiendo una sola visita semanal para internos en régimen ordinario y una visita quincenal para quienes están en régimen cerrado especial. Estas visitas estarán limitadas a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Además, se ordena el apagón eléctrico en las celdas, permitiendo solo una iluminación básica, con el fin de restringir el uso de aparatos electrónicos que puedan facilitar comunicaciones no autorizadas. Paralelamente, se intensifican los operativos de incautación de celulares, tarjetas SIM, armas blancas y otros objetos prohibidos, con la participación del Ministerio Público y las fuerzas de seguridad.

Control de telecomunicaciones y seguridad interna

El decreto contempla el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas en los perímetros penitenciarios y zonas cercanas, además de la vigilancia constante en estos espacios. Para fortalecer las tareas de inteligencia, se crea un Comité de Inteligencia Penitenciaria, integrado por la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Este comité será responsable de prevenir fugas, mantener el orden interno y coordinar actividades delictivas desde las prisiones. Asimismo, el INPE tiene la facultad de ordenar el traslado inmediato de internos que representen riesgos para la seguridad penitenciaria o que hayan sido sorprendidos en actividades ilícitas.

El conjunto de medidas busca reducir la criminalidad en Piura, especialmente en aquellos distritos donde la violencia y las actividades ilícitas han incrementado notablemente. La implementación de estas acciones se mantendrá vigente mientras dure el estado de emergencia, con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer el Estado de Derecho en la región.