Contexto y medidas en marcha

En medio del creciente descontento ciudadano por el incremento de la inseguridad en Perú, el gobierno de transición, liderado por el presidente José Jerí, está considerando nuevas acciones para fortalecer el control en los centros penitenciarios. Entre las propuestas, destaca la posible intervención y supervisión de las comunicaciones telefónicas de los reclusos, una estrategia que busca desmantelar las redes criminales que operan desde las cárceles.

Evaluación de nuevas medidas por parte del Ejecutivo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció que el Consejo de Ministros analiza la implementación de un control más riguroso sobre las llamadas telefónicas dentro de los penales del país. La propuesta contempla la escucha y supervisión de las comunicaciones de los internos, con el objetivo de cortar los nexos entre los reclusos y las organizaciones delictivas que extorsionan, secuestran y cometen estafas.

“Estamos trabajando sin descanso para lograr esta medida. Participamos en requisas, supervisiones y acciones coordinadas junto al presidente Jerí. Nuestro compromiso en esta lucha contra la criminalidad es firme”, afirmó Martínez en una entrevista en RPP.

Operativos y resultados en los penales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha llevado a cabo recientes requisas en el penal de Lurigancho, las cuales han evidenciado deficiencias en el sistema penitenciario y la presencia de objetos prohibidos y conexiones clandestinas. Estas acciones continuarán en todo el país, en un esfuerzo por desarticular las redes delictivas que operan desde las prisiones.

Martínez destacó que los primeros resultados de estas operaciones son alentadores. “Hemos logrado avances significativos y las medidas adoptadas están dando frutos en esta lucha contra la criminalidad”, afirmó.

Marco legal y coordinación interinstitucional

La iniciativa de controlar las llamadas telefónicas forma parte del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, que busca reforzar la seguridad en los centros penitenciarios. Para su implementación, será necesario coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio del Interior, a fin de definir los mecanismos legales y técnicos adecuados.

El gobierno sostiene que esta medida puede ser clave para interrumpir los vínculos entre internos y organizaciones criminales que operan desde las cárceles, facilitando así la desarticulación de redes dedicadas a delitos graves.

Reacciones y situación en los centros penitenciarios

Hasta el momento, las requisas y nuevas medidas han generado reacciones diversas. Algunos familiares de internos manifestaron su desacuerdo y llegaron hasta las instalaciones del INPE para protestar contra las recientes disposiciones, alegando posibles afectaciones a los derechos de los reclusos y a la privacidad.

El ministro Martínez afirmó que las acciones buscan garantizar la seguridad y la lucha efectiva contra la delincuencia organizada, y que los resultados preliminares son positivos, consolidando el compromiso del gobierno en esta batalla.