Gobierno Regional y Minem impulsan aumento de minería ilegal en Cajamarca

Jorge Spelucín, portavoz del expresidente Pedro Castillo, afirmó que la responsabilidad por el avance de la minería ilegal en Cajamarca recae en varias instituciones del Estado, incluyendo el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial y el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, solicitó una solución que combine acciones políticas y técnicas, centradas en la formalización de la pequeña minería.

El activista criticó la falta de respuesta concreta por parte de las autoridades frente a este flagelo. «La minería ilegal debe erradicarse, pero resulta preocupante la pasividad, el silencio y la incapacidad de quienes deben afrontar este problema. En Cajamarca, tanto el Gobierno Regional como la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas no han mostrado una verdadera respuesta política, técnica o ambiental», señaló en declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR).

Spelucín puntualizó que la solución a esta problemática debe ser política, promoviendo la incorporación progresiva de los pequeños y artesanales mineros en procesos de formalización. A nivel técnico, la clave radica en la correcta aplicación de las normativas existentes en materia ambiental, laboral y de formalización. «La salida política consiste en formalizar no solo a la minería informal, sino a todas las actividades económicas del país. Y en el aspecto técnico, hay que hacer cumplir las leyes que ya están en vigor. No podemos seguir ignorando una realidad que afecta a millones de peruanos», aseguró.

El vocero también afirmó que la responsabilidad por la expansión del Registro de la Minería Formal (Reinfo) y la minería ilegal recae en un Gobierno que, a su juicio, actúa en piloto automático, alejándose de las necesidades de la población. Mencionó que en zonas como Condebamba, San Marcos y Cajabamba, la minería ilegal causa graves daños sociales y ambientales.

Al abordar la exclusión de unas 50,000 mineros del Reinfo y la retirada de CONFEMIN de la mesa técnica creada por el Ejecutivo, Spelucín insistió en la necesidad de realizar un mapeo detallado, que considere las realidades territoriales y las voces de los dirigentes locales. Señaló que gran parte del problema radica en la confrontación entre la minería transnacional y la minería artesanal, nacional.

Finalmente, afirmó que el Estado tiene la capacidad para llevar a cabo un monitoreo efectivo y diferenciar entre minería ilegal y minería informal artesanal, siempre que se actúe más allá de las normativas actuales, muchas de las cuales estarían diseñadas para proteger intereses que facilitan la privatización de los recursos naturales del país, a través de contratos ley que benefician a grandes empresas.