Gremios rechazan dictamen del Congreso que otorga pensión a hijos de transportistas víctimas de asesinato

Emergencia nacional por aumento de asesinatos a transportistas

La escalada de homicidios contra transportistas en el país ha sido calificada como una emergencia nacional. La Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Milagros Jáuregui, aprobó con 11 votos a favor un dictamen que busca brindar apoyo económico a los hijos de transportistas asesinados en el contexto del incremento de crímenes relacionados con extorsiones.

Reacciones y críticas frente a la iniciativa

La propuesta, que tiene como finalidad proteger a los menores en situación de orfandad, ha generado rechazo entre los gremios del sector transporte. Los dirigentes consideran que la cantidad establecida es insuficiente para sostener a las familias que han perdido a su principal sostén económico. Según señalan, la violencia ha superado la capacidad de respuesta del Estado, dejando a muchas familias en situación de vulnerabilidad. Además, advierten que la ayuda económica llega demasiado tarde y con una cifra considerada «irrisoria» frente a la gravedad de la problemática.

Detalles del dictamen aprobado: alcance, montos y condiciones

El proyecto de ley propone la creación de una pensión mensual destinada a los hijos de trabajadores del transporte público que hayan fallecido por hechos delictivos vinculados directamente con su labor. La iniciativa establece que podrán beneficiarse menores de 0 a 18 años, así como jóvenes de hasta 24 años que estén cursando estudios superiores o técnicos.

Asimismo, especifica que el trabajador fallecido debe estar formalmente autorizado para brindar servicios de transporte urbano, interurbano o rural, y que el deceso debe estar relacionado con un hecho delictivo ocurrido durante o como resultado de su actividad laboral.

Montos, condiciones y procedimientos

El dictamen señala que la pensión se basará en la asignación económica otorgada por el Estado a menores en situación de orfandad, según la Ley 31405, que actualmente establece un monto de S/200 mensuales por cada hijo. De esta forma, si una familia tiene dos o más menores, cada uno recibiría la misma cantidad, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

El beneficio no será acumulable con otras prestaciones similares por la misma causa de fallecimiento, aunque podrá coexistir con otros programas sociales vigentes. Además, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días calendario para elaborar el reglamento que regirá la ley, en el cual se detallarán los procedimientos de acreditación, los plazos, la participación de las entidades competentes y los mecanismos para determinar si la muerte fue consecuencia directa de un delito vinculado al trabajo del transportista.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también deberá coordinar con gobiernos regionales y locales para registrar y validar la condición del conductor fallecido, especialmente en zonas donde la informalidad en el transporte es predominante.

Reacciones del sector transporte: indignación y preocupación

La aprobación del dictamen generó diversas reacciones adversas entre los gremios del transporte. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, calificó el monto de la pensión como insuficiente y ofensivo para las familias afectadas. “No es justo que una familia con tres o cuatro hijos reciba solo 200 o 400 soles. Es una burla”, afirmó. Además, resaltó que el problema no radica en la falta de subsidios, sino en la carencia de acciones reales contra el crimen organizado. “Nosotros no pedimos seguridad, pedimos que no nos maten. Y para evitarlo, hay que corregir las leyes procrimen (…) Nos sentimos abandonados”, expresó.

Por otra parte, Mario Arce, dirigente de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, consideró que, aunque la medida representa un avance, no responde a la magnitud del problema. “Es muy diminuto, pero hay que reconocer que el gobierno intenta ofrecer una alternativa para estas víctimas”, afirmó. Explicó que, en muchos casos, la muerte del conductor provoca la desintegración del núcleo familiar: “La madre termina separándose, los niños se dispersan. Quedan en completa subsistencia”, agregó.

Julio Campos, representante de la Alianza Nacional de Transportistas, cuestionó la proporcionalidad de la pensión: “¿Cómo es posible que quienes ganan más de 40 veces un sueldo mínimo reciban solo 200 soles? Esa cantidad ni siquiera cubre la canasta básica, mucho menos el costo real de mantener a un menor”. Además, expresó su preocupación por los jóvenes adultos que, en muchos casos, tendrían que abandonar sus estudios para sostener económicamente a sus familias. “Los familiares preguntan: ‘¿Quién asumirá el rol de un padre en la vida de mis hijos?’ (…) ¿Qué harán los jóvenes de 18 años ahora?”, se preguntó.

Próximos pasos tras la aprobación del dictamen

El dictamen deberá ser revisado en el Pleno del Congreso, donde puede recibir modificaciones antes de su aprobación definitiva como ley. De ser aprobado, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de dos meses para elaborar el reglamento que establecerá los procedimientos específicos para que las familias puedan acceder a la pensión.