Haití contrata a Erik Prince y Vectus Global para recuperar control en medio de crisis de seguridad y colapso institucional

Haití enfrenta una crisis multifacética y la intervención privada de Erik Prince

Haití atraviesa una grave crisis que combina problemas de seguridad, un colapso institucional y una emergencia humanitaria. En medio de este panorama, el gobierno de transición ha firmado un acuerdo de diez años con la empresa de seguridad privada Vectus Global, dirigida por Erik Prince, fundador de la controvertida empresa militar privada Blackwater. La iniciativa contempla el despliegue de cientos de combatientes provenientes de Estados Unidos, Europa y El Salvador con el objetivo de recuperar territorios controlados por bandas armadas y reforzar la seguridad en zonas estratégicas.

Desde su llegada en marzo, Vectus ha comenzado a utilizar drones y ha establecido una coordinación estrecha con las fuerzas del gobierno haitiano. En las próximas semanas, la compañía pretende ampliar su presencia con unidades de francotiradores, expertos en inteligencia y comunicaciones, además de contar con helicópteros y embarcaciones para mejorar la movilidad y control en áreas clave. La meta principal es restablecer la circulación en rutas esenciales, incluyendo el corredor que conecta Puerto Príncipe con la ciudad de Cap-Haïtien.

Reforzando la presencia militar privada en Haití

Según declaraciones de Erik Prince a Reuters, uno de los principales indicadores de éxito será que los vehículos puedan circular sin ser detenidos por bandas armadas. La situación del país se ha agravado desde febrero de 2024, cuando la violencia de grupos armados se intensificó y provocó la caída del primer ministro. La ONU reporta que en ese período, más de 1.500 personas perdieron la vida, en su mayoría en operaciones de las fuerzas de seguridad y en ataques con drones dirigidos contra las bandas.

El control territorial en Puerto Príncipe se ha deteriorado significativamente; la ONU estima que cerca del 90% de la capital está bajo el dominio de grupos armados. La infraestructura pública está en ruinas, menos del 25% de los hospitales funciona y aproximadamente dos millones de haitianos enfrentan inseguridad alimentaria severa. Además, el desplazamiento interno ha superado el millón de personas, muchas de ellas huyendo de la violencia y la destrucción.

Impacto en las zonas rurales y la situación de la policía

En áreas rurales como Artibonite y en la región del Centro, la violencia ha destruido la producción agrícola y desplazado a miles de residentes. El gobierno declaró un estado de emergencia de tres meses en las zonas más afectadas, intentando frenar la expansión de las bandas. La Policía Nacional de Haití, con recursos escasos y un personal insuficiente, lucha por mantener el orden. A principios de agosto, nombraron a Vladimir Paraison, exjefe de seguridad del palacio, como nuevo director policial, pero los ataques continúan, incluso contra unidades élite, como ocurrió en Kenscoff, donde dos oficiales murieron tras quedar atrapados en una trampa tendida por las bandas.

La presencia de Vectus Global, creada por Erik Prince, representa una apuesta por la seguridad privada en un contexto de crisis. La compañía, que opera en Haití desde marzo, se especializa en servicios de mercenarios y combatientes privados. Sus fuerzas trabajan en tareas de combate, inteligencia y logística, usando tecnología avanzada y medios aéreos para acceder a zonas de difícil control. Además, el contrato incluye colaborar en la recaudación de impuestos en la frontera con República Dominicana, una zona vital para la economía haitiana. Antes de la ofensiva de las bandas, esa frontera aportaba aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales del país, pero la violencia y los bloqueos han reducido significativamente esa recaudación, afectando las finanzas nacionales.

La intervención de empresas privadas como Vectus refleja la gravedad de la situación en Haití y la tendencia a recurrir a actores no tradicionales para intentar estabilizar el país. Sin embargo, la presencia de mercenarios y la privatización de la seguridad generan controversia y plantean interrogantes sobre la soberanía y las futuras soluciones a largo plazo.