Honduras bajo estado de excepción: aumento en violencia policial y graves violaciones a derechos humanos, advierte ONG

Honduras mantiene el estado de excepción y enfrenta críticas por violaciones a derechos humanos

Desde diciembre de 2022, Honduras se encuentra en una situación de emergencia jurídica, tras la declaración del estado de excepción por parte de la presidenta Xiomara Castro. La medida, justificada por las autoridades para combatir la criminalidad, ha permitido detenciones sin órdenes judiciales y la presencia de las fuerzas militares en las calles. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que la continuidad del régimen ha provocado graves violaciones a las libertades fundamentales.

El pasado jueves, la organización regional Cristosal publicó un informe donde señala que, en lugar de mejorar la seguridad, la emergencia ha generado un aumento en la percepción de inseguridad y ha facilitado abusos por parte de las fuerzas del orden. Se documentaron casos de malos tratos, lesiones e incluso torturas, afectando principalmente a comunidades vulnerables.

Impacto social y cifras oficiales

El informe, basado en 106 entrevistas, revela un deterioro en la salud mental de muchos hondureños. Un ejemplo es el testimonio de Javier, quien afirmó que la policía estigmatiza a los jóvenes por su apariencia, incluyendo la vestimenta y el corte de cabello. Por su parte, Suyapa, residente en la capital, comentó que la violencia ha aumentado notablemente debido a la brutalidad policial. Brenda Zúniga, abogada, relató el caso de un niño que vio cómo agentes agredían a su madre durante un allanamiento, y quien expresó que de mayor mataría policías, mostrando el impacto generacional del miedo.

Desde el inicio del estado de excepción, se han detenido a 9.668 personas por diversos delitos, según cifras oficiales. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirmó que en 2024 la tasa de homicidios bajó un 25%, situándose en 26,8 por cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo en la historia del país. Sin embargo, expertos y organismos independientes cuestionan si estas cifras reflejan una verdadera disminución de la violencia.

Realidad de la violencia y críticas internacionales

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras informa que los homicidios en 2023 y 2022, con 34,5 y 38,2 por cada 100.000 habitantes respectivamente, muestran una tendencia a la baja, pero no podemos atribuir esta reducción únicamente a las medidas de excepción. En 2024, el Sistema Estadístico Policial reportó 2.503 asesinatos, sumando un total de 9.520 en los últimos tres años. La presencia de las pandillas y las extorsiones continúan siendo un problema grave, con negocios cerrando por miedo y cuotas impuestas con impunidad.

Organismos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la ONU han señalado múltiples denuncias por abusos policiales, incluyendo desapariciones forzadas y torturas. Entre diciembre de 2022 y abril de 2025, se recibieron 924 quejas por violaciones a derechos humanos, evidenciando un patrón preocupante.

Implicaciones para el proceso electoral y contexto regional

El informe advierte que la militarización del país también afecta el proceso democrático, especialmente en las fases preliminares de las elecciones generales previstas para noviembre. La vigilancia y control militar en las campañas y candidaturas generan desconfianza y ponen en riesgo la transparencia del voto.

En la región, El Salvador es un ejemplo cercano. Allí, un régimen similar instaurado en 2022 logró reducir drásticamente los homicidios, pero a costa de detenciones arbitrarias, abusos y una escalada represiva que llevó a organizaciones como Cristosal al exilio. La situación en Honduras refleja el dilema de las políticas de mano dura: resultados en cifras de violencia, pero a un alto costo en derechos humanos y estabilidad social.