¡Impactante! Menor que acabó con la vida de Uribe recibe sentencia de 7 años de cárcel en Colombia

El menor que asesinó al senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue condenado este miércoles a siete años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia, fabricación o porte de armas de fuego. La Fiscalía informó que, tras la sentencia, el joven de 15 años deberá cumplir su condena en un centro especializado para menores, en una medida que, según expertos, refleja la gravedad del crimen pero también ha generado polémica por la percepción de que las penas para menores en Colombia no corresponden al daño causado.

El joven, cuya identidad se mantiene reservada por su edad, fue capturado en flagrancia el 7 de junio en Bogotá, pocos minutos después del atentado contra Uribe Turbay, ocurrido en el barrio Modelia. Según las autoridades, el adolescente recibió una pistola Glock 9 milímetros, entregada por Elder José Arteaga Hernández, quien también fue arrestado y es señalado como coordinador del ataque. Tras el crimen, el menor fue interceptado por miembros de la seguridad del candidato y puesto a disposición de las autoridades, quienes lo judicializaron bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que en Colombia juzga a jóvenes entre 14 y 18 años con penas máximas de ocho años en centros especializados.

La sentencia, emitida en solo 80 días tras el atentado, ha sido calificada por la familia del senador como una de las penas más altas que puede imponerse bajo la ley vigente, aunque algunos sectores consideran que aún no refleja la gravedad del daño. El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, expresó que, aunque respetan la decisión judicial, la sanción nunca será equivalente a la pérdida de una vida ni al dolor causado, criticando además que la ley favorece a quienes utilizan menores para cometer delitos sin un castigo efectivo.

En el contexto del crimen, la Fiscalía también reveló que el ataque fue motivado por motivos políticos y que continúa la búsqueda de los responsables intelectuales, sin descartar ninguna hipótesis. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, calificó el hecho como magnicidio, dado el carácter político del asesinato, y aseguró que los autores materiales y quienes planearon el crimen ya están en proceso judicial. La investigación sigue abierta, con sospechas apuntando a disidencias de las antiguas FARC, específicamente la Segunda Marquetalia, como posibles responsables.

Este asesinato ha reavivado los temores de un recrudecimiento de la violencia política en el país, en un momento en que se acercan las elecciones presidenciales de 2026. El gobierno colombiano ha realizado varias reuniones de seguridad para evaluar los avances en la investigación y garantizar la estabilidad del proceso democrático. La comunidad internacional y la opinión pública continúan atentos a los desarrollos de este caso que ha sacudido la política colombiana y ha puesto en evidencia las complejidades del sistema judicial para menores en casos de alta gravedad.