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Indecopi multa con S/ 267,500 a Casuarinas International College por negar beca a hijo de padre con incapacidad permanente

Escrito por radioondapopular
agosto 17, 2025
Indecopi multa con S/ 267,500 a Casuarinas International College por negar beca a hijo de padre con incapacidad permanente





Indecopi multa a colegio por negarse a otorgar beca a estudiante con discapacidad

Indecopi sanciona a Casuarinas International College por incumplimiento en derechos de estudiante con discapacidad

El 15 de agosto de 2025, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi impuso una multa de 267,500 soles a la Asociación Educativa Casuarinas, responsable del Casuarinas International College. La sanción se dio por negarse a otorgar una beca integral a los hijos de un padre que se encontraba en incapacidad permanente para trabajar, en un caso que evidencia vulneraciones a derechos fundamentales de los consumidores, especialmente en relación con menores de edad.

La ley y la obligación de las instituciones educativas

Este fallo reafirma la obligación de las instituciones educativas privadas de acatar la Ley 23585, que garantiza el derecho a una beca completa a estudiantes cuyos responsables económicos no puedan trabajar y no tengan recursos para pagar la educación. La resolución del Indecopi busca asegurar que estos derechos sean respetados, particularmente en contextos de vulnerabilidad económica familiar.

Desde 2020, el padre de los estudiantes informó a la institución sobre su delicado estado de salud, que le imposibilitaba trabajar, así como de sus dificultades para costear la educación de sus hijos. Sin embargo, nunca fue informado sobre la existencia de la Ley 23585 ni sobre su derecho a solicitar una beca integral. A pesar de sus reiteradas solicitudes de apoyo y facilidades de pago, el colegio no le brindó orientación ni notificó que podía acceder a la ayuda económica que la ley garantizaba.

Incumplimientos y decisiones del colegio

El 22 de septiembre de 2023, el padre presentó formalmente su solicitud para acceder a la beca integral. La respuesta del colegio fue que dicha ayuda solo sería efectiva a partir de 2024, ignorando que la ley establece que este derecho debe ser retroactivo, desde la fecha en que se realizó la solicitud, no desde el inicio del siguiente año escolar.

Además, el colegio exigió documentos que no están contemplados en la Ley 23585 ni en su reglamento, lo que constituye un incumplimiento adicional a las disposiciones legales. Estas acciones motivaron la imposición de la multa.

Consecuencias y obligaciones

Como resultado de estas irregularidades, Indecopi dictaminó una multa equivalente a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, 267,500 soles. El colegio también está obligado a devolver todos los pagos realizados por los servicios educativos desde 2020 hasta agosto de 2023, incluyendo intereses y penalidades indebidas.

Este caso resalta la importancia de que las instituciones educativas respeten las normativas que protegen los derechos de los consumidores, en especial de las personas con discapacidad o en situación vulnerable. La protección de estos derechos garantiza un acceso equitativo a la educación y evita prácticas discriminatorias o abusivas por parte de los colegios.

Parte de la resolución del Indecopi
Fragmento de la resolución del Indecopi que detalla las faltas del colegio y la sanción impuesta. Foto: Indecopi

El Indecopi ha reiterado que las instituciones educativas privadas deben respetar y cumplir las leyes que protegen los derechos de los consumidores, garantizando un trato justo a las familias en situación de vulnerabilidad. La normativa busca evitar que empresas educativas vulneren derechos básicos, como el acceso a una educación digna y sin obstáculos económicos injustificados.

Multa impuesta al colegio
El colegio fue sancionado con una multa de 50 UIT. Foto: Google Maps

Este caso evidencia la necesidad de que las instituciones educativas respeten las leyes y derechos de los consumidores, especialmente en situaciones que involucran a personas en condiciones de vulnerabilidad. La protección de los derechos de los estudiantes y sus familias es fundamental para promover un sistema educativo justo y equitativo.


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