Crisis de inseguridad en Perú: alto nivel de denuncias y escasas condenas

La inseguridad ciudadana en Perú atraviesa una de sus peores crisis en los últimos años. Entre enero y julio de 2025, se registraron más de 20.000 denuncias por extorsión a nivel nacional. Sin embargo, las cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revelan que solo se han dictado 11 sentencias condenatorias por este delito en ese período. Esto implica que menos del 0,05% de los casos denunciados han llegado a una resolución judicial definitiva.

Por otro lado, actualmente 284 personas permanecen en prisión preventiva por extorsión, sin haber sido condenadas aún. A pesar de la magnitud del problema, las cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP) indican que, de enero a octubre de 2025, se recibieron 23.213 denuncias por extorsión. Esto evidencia la persistente gravedad del problema y la dificultad del Estado para hacerle frente.

Impacto en el sistema penitenciario y cifras alarmantes

Los datos publicados por el INPE, mediante su portal estadístico, muestran que solo 295 internos ingresaron por extorsión en el sistema penitenciario en 2025. De estos, el 96% no cuenta con sentencia firme, reflejando la lentitud y la ineficiencia del proceso judicial. Paralelamente, las cifras del SINADEF (Sistema Informático Nacional de Defunciones) indican que, hasta el 4 de noviembre, se han registrado 1.895 homicidios en todo el país. De estos, 129 ocurrieron durante el actual gobierno de José Jerí, con Lima (39) y Huaura (10) como las provincias más afectadas por la violencia.

Lo que resulta aún más preocupante es que ningún día del año ha registrado una cifra de homicidios igual a cero. La situación, según expertos y exautoridades del sector, evidencia un colapso institucional que afecta tanto la seguridad ciudadana como la capacidad del Estado para sancionar la criminalidad organizada.

Respuesta ineficiente de las autoridades

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señala que el país enfrenta un fenómeno de extorsión “que crece de manera sostenida”, ante el cual el sistema de justicia responde de manera pasiva. “Me parece que el sistema penal (fiscalía, poder judicial y policía) está reaccionando de modo ordinario a un fenómeno que debería tener respuestas mucho más eficaces”, advirtió.

Pedraza explica que la escasa cantidad de condenas no solo refleja la ineficiencia procesal, sino también el temor de los ciudadanos a denunciar por miedo a represalias. “Los casos de no denuncia de extorsión son estrictamente por miedo a represalias”, afirmó. Sin embargo, el incremento en el número de denuncias sugiere que la amenaza es aún mayor de lo que indican las cifras oficiales.

El exministro también criticó que las medidas adoptadas hayan sido de “carácter político”, aunque no las considera totalmente desacertadas. Destacó, además, la creación reciente de la Dirección contra las Extorsiones en la Policía Nacional, la cual representa un avance, pero aún carece de recursos, personal y tecnología adecuados para ser efectiva. “Si no se implementan mecanismos especiales en la fiscalía y el poder judicial, las tasas de condena seguirán siendo muy bajas”, advirtió.

Asimismo, Pedraza lamentó la falta de una planificación estratégica a largo plazo. “No existe una política criminal de mediano plazo. Lo que tenemos son respuestas coyunturales: declaratorias de emergencia, aumentos de penas y reformas que nunca se implementan”, concluyó.

Hacinamiento, leyes improvisadas y desinterés político

Para el penalista Luis Lamas Puccio, las cifras del INPE reflejan un sistema interdependiente que falla en todos sus niveles: policía, fiscalía, poder judicial y cárceles. “El INPE es la última rueda del coche. Lo que sucede allí es consecuencia de lo que pasa en el poder judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional”, explicó.

Lamas Puccio advierte que las constantes reformas legislativas, muchas de ellas sin sustento técnico, han generado un “desorden generalizado” que interfiere en la administración de justicia. “El Congreso modifica el Código Procesal Penal por motivos políticos más que operativos. Eso desestabiliza todo el sistema”, afirmó.

Además, alertó que los 69 penales del país están sobrepoblados, según informes del INPE. Este hacinamiento impide cualquier posibilidad de rehabilitación o resocialización. “No hay sistema en esas condiciones que pueda tener una mínima capacidad para un programa de resocialización. La función del sistema penitenciario no es solo encarcelar, sino rehabilitar”, enfatizó.

El hacinamiento, sumado a la corrupción interna, facilita la operación delictiva dentro de las cárceles. “Cuando hay desorden, cualquiera hace lo que quiere. Para controlar las mafias, primero hay que deshacinarlas. Mientras eso no ocurra, será muy difícil luchar contra el crimen desde dentro”, concluyó.