Irán confirma la condena a muerte de activista sindical Sharifeh Mohammadi pese a objeciones y reclamos internacionales

La Justicia iraní ratifica la sentencia de muerte contra Sharifeh Mohammadi

El Tribunal Supremo de Irán ha confirmado la condena de muerte para la activista sindical y defensora de derechos humanos Sharifeh Mohammadi. La sentencia fue dictada por el Tribunal Revolucionario de Rasht en julio de 2024, bajo cargos de rebelión armada contra el Estado. La decisión llega casi diez meses después de que un tribunal anterior revocara una sentencia previa y enviara el caso a otra instancia judicial para su revisión.

El abogado de Mohammadi, Amir Raeisian, informó a la prensa que la Sala 39 del Tribunal Supremo ratificó la condena, a pesar de las dudas y objeciones existentes durante el proceso. Según Raeisian, la decisión fue tomada pese a las diversas ambigüedades que rodeaban el caso, y anunció que recurrirá a otras instancias judiciales para intentar anular la sentencia.^{Más información}

Reacciones internacionales y denuncia de activistas

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi expresó su rechazo a través de la red social X (antes Twitter), calificando la decisión como un reflejo de la naturaleza autoritaria y violenta de la República Islámica. Mohammadi afirmó que la ejecución sería utilizada como una herramienta para mantener el control social y sembrar miedo en la población. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante este «flagrante crimen».

La condena ha generado una fuerte condena internacional y un aumento en las voces que exigen justicia y respeto por los derechos humanos en Irán. Diversos activistas y organizaciones han señalado que la ejecución sería un acto de represión más en un país donde las actividades sindicales independientes están severamente restringidas.

Contexto y antecedentes del caso

Sharifeh Mohammadi, de 54 años, fue arrestada en diciembre de 2023 y trasladada a un centro de detención en Rasht. La activista, ingeniera en diseño industrial, fue acusada de pertenecer al partido separatista kurdo Komala, organización considerada ilegal por las autoridades iraníes. Sin embargo, fuentes cercanas a su familia aseguran que Mohammadi no tuvo ninguna relación con esa agrupación y que sus actividades sindicales se limitaron a un sindicato local hasta 2011.

En octubre de 2023, el Tribunal Supremo iraní suspendió inicialmente la sentencia y ordenó que el caso fuera revisado por otra sala del Tribunal Revolucionario en Rasht. Sin embargo, posteriormente esa misma sala reinstauró la condena, y ahora la ratificación por parte del Tribunal Supremo representa un paso más en la persecución contra quienes defienden derechos fundamentales en Irán.

Implicaciones y el contexto de las protestas en Irán

Mohammadi se convirtió en una figura reconocida en la defensa de los derechos de las trabajadoras y en la lucha por la igualdad de género. Su activismo se intensificó tras el estallido de protestas masivas en Irán, a raíz de la muerte de Mahsa Amini, joven kurda que falleció en custodia policial en septiembre de 2022 tras ser arrestada por usar incorrectamente el velo islámico.

Las manifestaciones, que reclamaban mayores libertades y derechos, fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de aproximadamente 500 muertos, más de 22.000 detenidos y al menos 10 ejecuciones políticas. La condena y posible ejecución de Mohammadi representa un intento más de silenciar la oposición y mantener el control en un país en crisis social y política.