La Junta Nacional de Justicia propone limitar la intervención del Poder Judicial en sus decisiones

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso en el que busca que el Poder Judicial no tenga injerencia en sus decisiones relacionadas con nombramientos, sanciones, ratificaciones y evaluaciones de jueces y fiscales.

Contexto y antecedentes de la propuesta

Esta iniciativa de la JNJ surge después de que el Noveno Juzgado Constitucional otorgara una medida cautelar a Delia Espinoza. La magistrada fue suspendida por seis meses por la JNJ tras no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, para posteriormente regresar a su cargo como titular del Ministerio Público.

Propuesta de modificación constitucional

La JNJ propone modificar el artículo 142 de la Constitución Política, buscando equipar su nivel con el del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este último, según el sistema judicial, es una institución cuyas resoluciones en materia electoral no están sujetas a revisión por parte del Poder Judicial.

La iniciativa también plantea definir claramente las competencias de los jueces constitucionales en estos casos, en línea con lo establecido en el artículo 42 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, la JNJ sugiere que el Poder Judicial solo pueda intervenir en sus decisiones cuando un juez o fiscal interponga una acción de amparo alegando vulneración de derechos humanos.

Conflicto entre la JNJ y el Poder Judicial

Este proyecto de ley representa el segundo intento de la JNJ por limitar la facultad del Poder Judicial para intervenir en sus competencias. En noviembre pasado, en medio de controversias relacionadas con la reincorporación de Espinoza Valenzuela a la Fiscalía y tras decisiones judiciales que le concedieron a la institución plazos para cumplir con su reposición, la JNJ presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.

En dicha demanda, la JNJ alegó un presunto “menoscabo de atribuciones” por parte del Poder Judicial, argumentando que la medida cautelar otorgada a favor de Espinoza suspendía la ejecución de su sanción temporal.

Este mismo argumento es el que sustenta ahora la propuesta legislativa, en la que la institución sostiene que la intervención judicial “afecta la seguridad jurídica, menoscaba la independencia funcional que la Constitución garantiza a la JNJ” y provoca una “pérdida de coherencia en el sistema judicial”.

En el documento, la JNJ afirma que “la interferencia judicial en sus decisiones produce un efecto de fragmentación del control disciplinario, ya que mediante medidas cautelares se suspenden sanciones de destitución o suspensión, permitiendo la reposición provisional de magistrados cuya conducta fue declarada incompatible con sus funciones”.

Otras motivaciones de la JNJ

La institución también argumenta que la “proliferación de recursos judiciales” contra sus resoluciones genera retrasos en la ejecución de sanciones y en los nombramientos. Según su análisis, estos recursos afectan la eficiencia del sistema de justicia.

Se señala que “mientras se tramitan las medidas judiciales, se mantienen vacantes en las cortes o fiscalías, o jueces y fiscales sancionados por faltas graves permanecen en funciones”.

Un regreso a prácticas de los años 90

Desde la creación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en 1993, la institución tenía una restricción similar a la que ahora propone la JNJ: los jueces no podían recurrir ante el Poder Judicial contra decisiones de destitución o ratificación. Esta limitación fue eliminada luego de reclamos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que, al ser la instancia única, las decisiones del CNM afectaban el derecho a la doble instancia y permitían recursos ante la justicia ordinaria mediante acciones de amparo.

Implicaciones y antecedentes

La propuesta de la JNJ implicaría un retorno a una práctica que estuvo vigente en los años 90, restringiendo la revisión judicial de sus decisiones. La experiencia previa, respaldada por la CIDH y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, evidenció que limitar el recurso judicial puede afectar derechos fundamentales y la independencia judicial.