José Jerí denuncia captura de cajas municipales con Ley de Endeudamiento

Controversia en el sistema microfinanciero peruano por modificación en la gobernanza de las cajas municipales

Contexto y principales cambios

La promulgación de la Ley 32515, conocida como la Ley de Endeudamiento del Sector Público para 2026, ha generado inquietudes en el sistema microfinanciero peruano tras la incorporación de una disposición transitoria que modifica la gobernanza de las cajas municipales de ahorro y crédito.

Según explicó Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), esta medida permite que el viceministro de Mypes del Ministerio de la Producción (PRODUCE) tenga la autoridad para nombrar directamente a los integrantes de los consejos de administración de las cajas, eliminando así la participación tradicional de gremios representativos de las micro y pequeñas empresas.

Reacción y preocupaciones

Solís afirmó que la inclusión de esta disposición en la ley se realizó “entre gallos y medianoche”, sin aviso previo y en un contexto que no corresponde a una ley relacionada con el sistema financiero ni con la Ley de Endeudamiento. Además, indicó que congresistas contactados por la federación aseguraron haberse sorprendido por la incorporación de este cambio, que fue promulgado oficialmente el 4 de diciembre, sin ser informado con anticipación.

El directivo recordó que la expresidenta Dina Boluarte no había impulsado este esquema, pero que el actual presidente interino, José Jerí, promovió la reforma en complicidad con el congresista Illich López. Esta estrategia recuerda intentos anteriores de incluir a la organización CONACO en los directorios de las cajas.

Impacto en la gobernanza y autonomía

Solís criticó que, con esta modificación, el gobierno está desplazando a los representantes de las Mypes en los directorios, para dar paso a actores políticos. “Lo que no logró con CONACO, José Jerí lo logra ahora usando el viceministerio de Mypes para imponer directores en las cajas municipales”, afirmó en una rueda de prensa.

La Federación advierte que esta maniobra pone en riesgo la autonomía y la gestión del sistema de cajas municipales, instituciones clave que, al cierre de 2025, concentraban más del 50% de los créditos otorgados a las Mypes en el país y administran una cartera superior a S/37.000 millones.

Composición de los consejos y su importancia

Hasta ahora, los consejos de administración de las cajas incluían cuatro miembros designados por la sociedad civil, incluyendo la representación gremial de Mypes, además de un representante del clero, uno de la Cámara de Comercio local y uno de COFIDE, la entidad estatal de financiamiento. Según Solís, este esquema ha sido fundamental para limitar la influencia política y fortalecer la confianza en estas instituciones.

Advertencias y riesgos futuros

La Fepcmac advierte que la modificación legal busca reemplazar a los representantes legítimos de las Mypes por operadores políticos del Ejecutivo, lo cual podría generar errores similares a los ocurridos en empresas estatales como Petroperú, donde los directorios son modificados a discreción del gobierno.

De acuerdo con datos de la federación, al mes de octubre de 2025, las cajas municipales reportaron utilidades por S/620 millones. Este resultado representa más del 100% de avance respecto al año anterior y las posiciona entre las cinco instituciones más rentables del país, por encima de bancos como Interbank y BBVA.

Implicaciones para la transparencia y competitividad

El presidente de la Fepcmac afirmó que esta acción, que se gestó tras el fracaso de una iniciativa previa en el Congreso, debilita la transparencia y la competitividad del sistema. Las cajas operan con autonomía financiera y administrativa, fuera del sistema presupuestario estatal, y compiten en igualdad de condiciones con la banca privada.

Desde el área legal de la federación, Rolando Reaño Vidal explicó que la inclusión subrepticia de esta norma en la Ley de Endeudamiento Público constituye una práctica irregular que vulnera la Constitución. En particular, señala una violación al principio de igualdad entre las empresas públicas y privadas en su gestión.