José Jerí presenta proyecto de ley para otorgar facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana

El congresista José Jerí sometió a consideración del Congreso un proyecto de ley dirigido a otorgar al Ejecutivo la facultad de legislar en temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad por un período de 60 días. Esta iniciativa fue presentada ante el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien recibió la petición con carácter de «muy urgente», a solicitud del presidente de la República.

El proyecto también busca promover «la economía responsable y el fortalecimiento institucional», según se detalla en el documento oficial. La propuesta contempla una serie de modificaciones dirigidas a mejorar diferentes aspectos en la lucha contra la criminalidad, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

Recomendaciones relacionadas

Fernando Olivera en ‘La Verdad a Fondo’ con Pedro Salinas

La iniciativa propone una serie de cambios en ámbitos clave, incluyendo la seguridad ciudadana, el crecimiento económico responsable y el fortalecimiento institucional. De acuerdo con el impacto cualitativo considerado en el proyecto, los objetivos principales son:

• Reforzar el marco jurídico en delitos informáticos, extorsión, sicariato, secuestro y criminalidad organizada.
• Fortalecer la prevención, investigación y sanción de delitos, garantizando una actuación más oportuna y coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial.
• Mejorar la gestión de internos peligrosos en el sistema penitenciario y reforzar la seguridad en establecimientos de reclusión.
• Incorporar mecanismos normativos para reducir la reincidencia delictiva y fortalecer la protección ciudadana.

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

En la sección dedicada a la área de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, se presentan un total de 26 iniciativas legislativas.

Una de las propuestas más relevantes busca regular la tenencia de armas de fuego. Se propone sancionar la tenencia compartida de armas, incluso si estas se encuentran inoperativas. Además, el Ministerio Público será responsable de supervisar la entrega de armas incautadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC). También, se reducirá de tres a un año el plazo para destruir armas incautadas, con la finalidad de evitar que vuelvan a circular en el mercado ilegal.

Se propone modificar el Código Penal para incluir el delito de difusión de información confidencial relacionada con investigaciones penales y policiales. En caso de condena, se establecerá una inhabilitación especial para los responsables.

Respecto a los extranjeros en el país, la iniciativa contempla modificar la Ley de Refugiados para evitar la utilización indebida de esta figura por parte de personas en situación irregular. Además, se busca modificar la normativa que regula delitos patrimoniales relacionados con vehículos, con el objetivo de frenar el uso criminal de autos siniestrados y el duplicado fraudulento de placas.

En materia de procedimientos policiales, la propuesta contempla que las autoridades puedan revisar equipos informáticos en casos de detenciones en flagrancia. Se establecerá un procedimiento ágil para analizar la información contenida en celulares incautados en casos de extorsión, sicariato, secuestro o hechos relacionados con centros penitenciarios.