Joven denuncia acoso familiar que desata una cadena de agresiones, contrademandas y 24 alertas ignoradas

Una adolescente de 14 años denuncia acoso sexual y su familia vive bajo amenazas constantes

La historia de una joven de 14 años y su familia en Perú revela un grave caso de acoso, amenazas y violencia que aún busca justicia. Desde que la menor decidió denunciar a un familiar cercano, la situación ha escalado, sumiendo a la familia en un estado de miedo y vulnerabilidad.

Todo comenzó en marzo de 2024, cuando la adolescente contó a su madre, Estefanía, que había sido seguida y abordada con gestos y palabras de carácter sexual por su primo, Carlos Roberto Esquerre González, en un local de comida rápida. La denuncia, respaldada por evidencias y testimonios, fue presentada en la comisaría de Cañete, donde solicitó medidas de protección. Sin embargo, en lugar de recibir respaldo, la familia enfrentó una serie de hostilidades.

Lejos de cesar, el acoso se intensificó. La madre logró capturar con su teléfono móvil visitas no deseadas del agresor en su domicilio y en lugares públicos, donde también sufrió insultos, amenazas y ataques a sus mascotas. La situación se agravó cuando miembros de la familia de Esquerre no solo defendieron al acusado, sino que también promovieron agresiones físicas y verbales contra Estefanía y sus hijos en la vía pública. Hasta el momento, la familia ha reportado más de veinte incidentes en los que las medidas de protección no han sido efectivas, y además, denuncian que la policía filtró información de sus movimientos, dificultando aún más su seguridad.

A pesar de las pruebas y denuncias, las autoridades no han tomado acciones contundentes. La madre denuncia un notable grado de impunidad y la falta de un respaldo real por parte del sistema judicial y policial. En abril, la familia Esquerre presentó una contrademanda acusando a Estefanía de fraude cibernético, acusación que fue desestimada tras demostrar la inexistencia de pruebas en su contra. La denuncia por acoso fue archivada, y el expediente fue recategorizado como violencia familiar, dejando fuera la investigación por acoso sexual.

La rutina de la familia ha cambiado radicalmente. Las salidas, las interacciones sociales y la confianza en la protección estatal se han visto afectadas. La madre afirma que la impunidad y la inacción de las autoridades solo fortalecen las amenazas y el temor de la familia. “Si no actúan ahora, quizás sea demasiado tarde”, advierte.

Ante esta situación, las víctimas y quienes conozcan casos similares pueden acudir a la Línea 100, un servicio gratuito de orientación y apoyo emocional disponible las 24 horas. Además, en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) se ofrece atención legal, psicológica y social para víctimas de violencia. Los recursos están distribuidos en todo el país, incluso en comisarías, y son fundamentales para brindar protección y apoyo en momentos de crisis.

Es crucial que las autoridades respondan con mayor eficacia ante estos casos para evitar que la impunidad siga alimentando la violencia y que las víctimas continúen viviendo en el temor. La historia de esta familia evidencia la urgente necesidad de mecanismos efectivos que protejan a quienes denuncian y luchan por justicia.