Juan Carlos Castro señala que Gobierno y mineros no avanzan en la Ley MAPE

Exministro Juan Carlos Castro señala que ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni los mineros informales están interesados en la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal

En una entrevista con Exitosa, el exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, afirmó que tanto el Ejecutivo como el Congreso y, en particular, los mineros informales no muestran interés en la aprobación del Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (MAPE). Según explicó, esta legislación podría ofrecer una solución efectiva al proceso de formalización minera.

Persisten los intentos de ampliar mecanismos en la minería informal

Castro explicó que es evidente que «no les interesa seguir avanzando con la Ley MAPE». Además, señaló que existe un desinterés manifiesto en el Congreso para promoverla, e incluso sugirió que el proyecto fue utilizado como un «pretexto» para censurar al exministro Rómulo Mucho.

«Hasta ahora, la ley no ha sido ni siquiera revisada o discutida; no se ha convocado a especialistas ni expertos para analizarla», precisó Castro. Además, cuestionó la insistencia en los mecanismos de ampliación, que, a su juicio, solo contribuyen a mantener un estado de impunidad en la minería informal.

«Creo que la persistencia de estos mecanismos de ampliación se debe a que los mineros informales no desean formalizarse. Si realmente quisieran formalizarse, serían los primeros en solicitar al Congreso la aprobación de la Ley MAPE», afirmó.

El exministro recordó que ya casi se cumplen dos décadas de una reiterada ampliación del Régimen de Incentivos para la Formalización Minera (REINFO), que ha funcionado en la práctica como una forma de «impunidad» frente a la formalización en regla. Coincidió en que todos coinciden en la necesidad de formalizar a los pequeños mineros, pero resaltó que se requiere establecer un mecanismo adecuado para ello.

La pequeña minería aún no está claramente identificada

Castro criticó la insuficiente fiscalización de la pequeña minería, señalando que, en realidad, la responsabilidad recae en los gobiernos regionales, quienes, por normativa, tienen la función de fiscalizar. Sin embargo, desde el Congreso se discute que la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) no cumple con su función fiscalizadora, aunque Castro aclaró que esta entidad no tiene la responsabilidad de fiscalizar a la pequeña minería.

Mientras tanto, la gran minería sí está fiscalizada, pero Castro asegura que «está controlada porque los tienes identificados». La diferencia radica en la falta de decisión política frente a los pequeños mineros, quienes operan en condiciones de mayor clandestinidad.

«El pequeño minero, en muchos casos, es un desconocido. Cuando llegas a la zona, no hay nadie y no sabes cómo actuar», comentó Castro.

El exministro precisó que la minería ilegal se define como toda actividad minera que se realiza en áreas protegidas, en bosques amazónicos y en ríos. Zonas como Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Cajamarca y Ayacucho son algunos de los lugares afectados por estas prácticas.

Propuestas y perspectivas futuras

Tras la reciente aprobación, en primera instancia, de la extensión del Régimen de Incentivos para la Formalización Minera (REINFO) hasta 2026, Castro expresó que, en su opinión, el Congreso no tiene la intención real de promover la formalización legal. En ese contexto, propuso que el enfoque debe centrarse en la aprobación de la Ley MAPE como una vía efectiva para avanzar en este proceso.