Juan José Santivañez propone que Perú se retire del Pacto de San José para aplicar la pena de muerte y endurecer el combate contra delitos graves

Perú contempla la salida del Pacto de San José y la pena de muerte en discusión

Antes de que el Congreso aprobara la reciente designación de Juan José Santivañez como ministro de Justicia, el gobierno de Dina Boluarte ya había comenzado a explorar temas polémicos relacionados con derechos humanos. En particular, el Ejecutivo ha promovido reuniones regionales para debatir sobre la posible aplicación de la pena de muerte en el país. Esto implicaría que Perú debería denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, para poder implementar medidas más severas contra ciertos delitos.

¿Es viable la salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

El propio Juan José Santivañez ha manifestado su apoyo a la idea de abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En declaraciones a RPP, expresó que está de acuerdo con denunciar el pacto, argumentando que en algunos delitos, como la violación a menores, la resocialización puede ser inviable. Además, mencionó que considera que delitos como el sicariato también deberían incluirse en las posibles sanciones extremas.

La propuesta de salir del SIDH responde a la percepción de que las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes y limitan la soberanía del país. La medida busca, según sus defensores, fortalecer las políticas penales y permitir una respuesta más dura frente a delitos graves. Sin embargo, esta postura genera fuertes debates sobre los derechos humanos y la protección internacional, dado que la Corte IDH ha sido un mecanismo clave para proteger a los ciudadanos en casos donde las instituciones nacionales no garantizan justicia.

Controversia en torno a la ley de amnistía y la tensión con organismos internacionales

Por otro lado, Dina Boluarte ha expresado su respaldo a la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso, que ha generado rechazo tanto dentro como fuera del país. La mandataria afirmó que esta norma busca «hacer justicia» a quienes enfrentan procesos judiciales relacionados con hechos ocurridos durante períodos de crisis social.

La ley exime de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, civiles y funcionarios involucrados en protestas y operativos entre 2021 y 2023. Organizaciones de derechos humanos y víctimas han criticado la medida, advirtiendo que podría abrir la puerta a la impunidad para quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo lesiones y muertes.

Este respaldo ha tensionado aún más la relación entre el gobierno peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La organización ha reiterado su rechazo a la ley y ha solicitado a Perú evitar aplicar amnistías que puedan favorecer la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos.

Mientras tanto, organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierten sobre los riesgos que implica esta ley, alertando que podría facilitar la impunidad para responsables de lesiones o muertes en el contexto de protestas sociales. La tensión entre las autoridades y los organismos internacionales continúa en aumento, poniendo en jaque el compromiso de Perú con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.