La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

La vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso en octubre pasado, es considerada por los peruanos como el hecho positivo más importante del 2025. En contraste, el incremento de la delincuencia se posiciona como el acontecimiento negativo que más marcó el año que se va. Así lo revela la última encuesta nacional de Datum Internacional elaborada para El Comercio, que retrata el profundo malestar ciudadano frente a la inseguridad y el desgaste de la clase política.

El estudio confirma el nivel de impopularidad que acumuló la exmandataria en apenas dos años y diez meses de gobierno. No solo es ubicada como el personaje político más negativo del 2025, sino que su salida del poder aparece, paradójicamente, como el principal acontecimiento positivo del año para casi tres de cada diez peruanos.

Ante la pregunta sobre el hecho más positivo del 2025, el 29% de los encuestados señaló la vacancia de Dina Boluarte, muy por encima de otros episodios relevantes del año. Le siguen, con porcentajes considerablemente menores, la condena a expresidentes por corrupción (6%), la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez (5%) y el reconocimiento internacional de la gastronomía peruana (5%).

Otros eventos como el tricampeonato de Universitario de Deportes (3%), la estabilidad económica (2%) o el cambio de gobierno (2%) quedaron relegados. Un dato que resalta es que el 16% considera que no hubo ningún hecho positivo en el país durante el 2025, mientras que el 26% no supo responder.

En el otro extremo, la encuesta de Datum evidencia que la inseguridad sigue siendo la principal herida abierta del país. El 37% de los peruanos identifica el incremento de la delincuencia como el hecho negativo más importante del 2025, seguido por la extorsión a transportistas (14%).

Más atrás aparecen la propia vacancia de Boluarte (5%), la prisión de varios expresidentes (5%) y las continuas protestas sociales (4%). También figuran la eliminación de la selección peruana del Mundial (4%), la corrupción estatal (2%) y la inestabilidad política (1%). Solo un 3% considera que no hubo hechos negativos, mientras que el 21% no tiene una opinión definida.

La vacancia de Dina Boluarte fue aprobada por el Congreso de la República la noche del jueves 9 de octubre con 123 votos a favor, bajo la causal de permanente incapacidad moral. Su destitución puso fin a un gobierno de dos años, diez meses y tres días.

Ese mismo día se presentaron cuatro mociones de vacancia, impulsadas tras un tiroteo contra la agrupación musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, hecho que agravó la percepción de una crisis de seguridad que ya venía erosionando su legitimidad. La sesión parlamentaria culminó minutos antes de la medianoche con la firma de la resolución que oficializó su salida del poder.

Durante su mandato, Boluarte enfrentó múltiples investigaciones y cuestionamientos. Entre ellos, las muertes ocurridas durante las protestas sociales tras la salida de Pedro Castillo, el uso de relojes de alta gama no declarados, cirugías estéticas no informadas y presuntos favores al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Estos episodios profundizaron el deterioro de su relación con la ciudadanía y consolidaron una imagen de desconexión con la realidad nacional. Un día después de su destitución, la exmandataria se pronunció públicamente sin modificar el estilo que caracterizó su gestión.

Aunque el Congreso sostuvo políticamente a Boluarte durante casi tres años, el respaldo se rompió cuando dejó de ser funcional para el Legislativo. La votación fue contundente y evidenció el quiebre de la alianza que le permitió mantenerse en el poder.

Su salida marcó también el cierre de un ciclo político para el Parlamento, que anunció de inmediato la sucesión presidencial tras aprobar la vacancia.

Tras su destitución, el Poder Judicial admitió la demanda de amparo presentada por Dina Boluarte para anular la vacancia y ser repuesta en el cargo. La Primera Sala Constitucional de Lima programó una audiencia única para el 12 de marzo de 2026 y otorgó un plazo de 10 días hábiles al Congreso para responder.

Sin embargo, el retorno de Boluarte al Ejecutivo es considerado altamente improbable. Una eventual sentencia favorable en primera instancia no permitiría su reposición inmediata, debido a las modificaciones introducidas por el Congreso al Nuevo Código Procesal Constitucional mediante la Ley 32153, que impide la ejecución inmediata de fallos contra decisiones parlamentarias.

En la práctica, cualquier resolución definitiva se daría cuando el periodo constitucional 2021-2026 ya haya concluido. Por ello, la defensa de Boluarte apunta a que, de resolverse fuera de ese plazo, se declare nula la calificación de “permanente incapacidad moral”, al considerar que vulnera su honor y buena reputación.

La encuesta fue realizada por Datum Internacional S.A. (registro N.° 0002 REE/JNE), por encargo del diario El Comercio. El grupo objetivo estuvo conformado por hombres y mujeres de 18 a 70 años, de todos los niveles socioeconómicos, en zonas urbanas y rurales del país. La muestra incluyó 1.201 encuestas efectivas, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%.

El trabajo de campo se realizó del 4 al 8 de diciembre de 2025 mediante encuestas presenciales en el hogar, con muestreo probabilístico, polietápico, estratificado y aproporcional.