El Estado de Emergencia en Lima y Callao Genera Controversia y Preguntas Sobre su Efectividad

El gobierno de José Jerí oficializó la declaración del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, por un período de 30 días. La medida, que entró en vigor a las 00 horas del 22 de octubre, fue presentada como una respuesta a la escalada de delitos como extorsiones, asesinatos y otros actos delictivos en el país.

Sin embargo, esta decisión se produce en medio de intensas movilizaciones sociales que han venido tomando fuerza en diferentes regiones del Perú. Diversas autoridades y organizaciones civiles han expresado su preocupación, considerando que la medida podría ser utilizada como un mecanismo para reprimir las protestas y manifestaciones ciudadanas que se han intensificado en los últimos meses.

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¿Estrategia contra el crimen o mecanismo de control social?

Expertos en seguridad y derechos humanos han cuestionado la efectividad de esta medida, calificándola como una acción repetida sin resultados concretos en la lucha contra la criminalidad. Además, señalan que el gobierno podría estar utilizando el estado de emergencia como una herramienta preventiva para limitar las protestas, en lugar de abordar las raíces del problema.

Según analistas, no es necesario suspender la libertad de reunión para combatir a los extorsionadores, y estas acciones podrían ser un pretexto para limitar derechos fundamentales.

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En la publicación en el diario El Peruano, se detallan las acciones implementadas, que incluyen restricciones en derechos constitucionales relacionados con la libertad y seguridad personal, así como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y tránsito en el territorio.

Medidas específicas del estado de emergencia

Se establece que, para actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar previamente el permiso correspondiente ante las autoridades competentes. Además, se ha dispuesto un control territorial focalizado en zonas críticas y el resguardo de instituciones públicas para mantener el orden y proteger áreas estratégicas, como paraderos, estaciones del metro y activos de servicios públicos.

Las fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, intensificarán los patrullajes en estas zonas para garantizar la vigilancia y el cumplimiento de las medidas.

Medidas en el sistema penitenciario

En los penales, se han implementado acciones para controlar las telecomunicaciones ilícitas y actividades criminales desde las cárceles. Los internos en régimen cerrado ordinario podrán recibir una visita semanal, mientras que los del régimen cerrado especial solo una vez cada quince días. Las visitas estarán restringidas a familiares directos, en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Asimismo, se ha dispuesto un apagón eléctrico en las celdas para impedir las telecomunicaciones ilegales, permitiendo solo la iluminación necesaria. Además, las Fuerzas Armadas serán responsables de desmontar y destruir antenas ilegales, con el fin de limitar las redes de comunicación criminal que operan desde las prisiones.

Prohibición del tránsito y controles vehiculares

Se prohíbe el tránsito de motocicletas con un solo asiento, conocidas como motos lineales, para reducir delitos como robos y asaltos cometidos por motociclistas.

También se realizarán operativos de control de identidad dirigidos tanto a conductores de vehículos motorizados como no motorizados. El objetivo es verificar la situación de extranjeros en procedimientos administrativos sancionadores de tránsito. En caso de detectar documentos adulterados, placas ilegibles o modificaciones que dificulten la identificación, los vehículos podrán ser internados en depósitos autorizados.

Cuestionamientos y antecedentes del estado de emergencia

El uso del estado de emergencia no es una medida inédita en el Perú. En los últimos años, diversos gobiernos, incluido el de Dina Boluarte, han recurrido a esta figura en distintas regiones, sin obtener resultados efectivos y, en muchos casos, con un aumento en las tasas de extorsiones y asesinatos.

Al respecto, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, explicó que el estado de emergencia permite, entre otras cosas, la suspensión de derechos fundamentales como el libre tránsito y la libertad de reunión.

Valdés sostuvo que esta medida sólo tendría sentido para mantener el orden público, pero no como una solución efectiva para enfrentar la inseguridad ciudadana. En su opinión, muchas de las problemáticas actuales, como la extorsión y el secuestro extorsivo, no requieren de este tipo de restricciones para ser abordadas.

La polémica en torno al estado de emergencia en Lima y Callao continúa, mientras la ciudadanía y expertos reflexionan sobre su verdadera utilidad y los riesgos de su uso excesivo.