Ubicación y características del proyecto

El 17 de diciembre pasado, el Comité de Ministros fue convocado de manera extraordinaria para abordar las reclamaciones relacionadas con el megaproyecto inmobiliario Maratué. Este plan contempla la construcción de aproximadamente 14 mil viviendas en un período de 45 años. La iniciativa ha generado una fuerte resistencia por parte de las comunidades locales debido a su potencial impacto ambiental en la zona de Quirilluca, un área de alto valor ecológico.

Situado en la comuna de Puchuncaví, a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago, el megaproyecto es promovido por Osler Inversiones, un family office cuyo propietario es el empresario Óscar Lería Chateau, junto a su hija, Claudia Lería Scarneo. Desde su ingreso en 2017, ha recibido críticas de distintas comunidades que alertan sobre el grave peligro para la flora y fauna endémica en la zona, además de estar en cercanía a la llamada “zona de sacrificio”, que incluye Concón, Quintero y Puchuncaví, caracterizada por una alta concentración de industrias termoeléctricas, petroleras y químicas.

Estado del proyecto y reclamaciones existentes

En octubre del año pasado, Maratué obtuvo la aprobación del Comité de Evaluación Ambiental (Coeva). Sin embargo, aún enfrenta dos reclamaciones presentadas ante el Servicio de Evaluación Ambiental por vecinos en 2019 y 2024. La decisión definitiva dependerá del próximo encuentro del Comité de Ministros, programado para el miércoles 7 de enero.

En respuesta, la inmobiliaria ha intensificado su lobby para destrabar las reclamaciones, liderada por su directora ejecutiva, Claudia Lería, el gerente del proyecto, Felipe Lizana, y el exsenador Patricio Walker. Estas figuras han sostenido diversas reuniones con subsecretarías y ministerios para agilizar la obtención de permisos.

Detalles y críticas al megaproyecto

El proyecto Maratué se emplaza en un área que incluye humedales, bosque nativo y los imponentes acantilados de Quirilluca. La iniciativa contempla la construcción de 14 mil viviendas en un plazo de 45 años, con una tasa aproximada de 300 viviendas por año, y una inversión total de US$2.000 millones.

El plan establece que el 50% del terreno se destinará a áreas verdes y que se reservarán 125 hectáreas para la conservación, incluyendo un futuro Santuario de la Naturaleza propuesto por el Ministerio del Medio Ambiente. No obstante, organizaciones ambientales y comunidades locales advierten que la construcción impactará severamente un ecosistema ya frágil, poniendo en riesgo especies protegidas como el chungungo y el piquero común.

Desde 2019, un grupo de vecinos presentó un recurso de reclamación para detener el avance del proyecto. Este fue acogido parcialmente en 2021, obligando a la inmobiliaria a realizar mayores estudios sobre la contaminación ambiental en las operaciones portuarias en Ventanas.

Interacción con autoridades y expectativas

Según la Plataforma de Ley del Lobby, los primeros acercamientos de los ejecutivos de Osler Inversiones con las autoridades se dieron en mayo de 2023. En esa ocasión, Felipe Lizana, Claudia Lería, Óscar Lería, José Fuenzalida y Patricio Walker dialogaron en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño respecto al megaproyecto.

Durante 2024, se registraron reuniones en mayo, julio, agosto y diciembre con las Subsecretarías de Medio Ambiente, Servicios Sociales, Minería y Agricultura, además del Ministerio de Hacienda. En 2025, los representantes de la inmobiliaria han sostenido encuentros con las Subsecretarías de Energía, Vivienda y Urbanismo, y el Ministerio de Obras Públicas, en un esfuerzo por resolver las reclamaciones existentes.

Historial de contactos y reuniones con autoridades

De acuerdo con la Plataforma de Ley del Lobby, los primeros acercamientos de los ejecutivos de Osler Inversiones con las autoridades se dieron en mayo de 2023. Desde entonces, han sostenido múltiples reuniones en diferentes subsecretarías y ministerios para gestionar permisos y responder a las reclamaciones ciudadanas.

En 2024, las reuniones continuaron en mayo, julio, agosto y diciembre, involucrando a las Subsecretarías de Medio Ambiente, Servicios Sociales, Minería, Agricultura y Hacienda. En 2025, las conversaciones se han extendido a las Subsecretarías de Energía, Vivienda y Urbanismo, además del Ministerio de Obras Públicas.