López Aliaga denuncia persecución política del MTC tras sanción a la Municipalidad de Lima por la Vía Expresa Sur: “Es una mafia”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, continúa enfrentándose al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al que acusa de realizar un hostigamiento político. La disputa surgió tras una multa impuesta a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por la obra de la Vía Expresa Sur, una de las iniciativas emblemáticas y polémicas de su gestión.

Durante un acto en La Victoria, López Aliaga afirmó que el MTC, a su juicio, funciona como una “mafia” dedicada a robar recursos públicos mediante la elaboración de expedientes técnicos para obras que no se ejecutan. Según sus declaraciones, la entidad le habría notificado una multa superior a los 100 millones de soles, en medio de acusaciones de que el Ministerio intenta obstaculizar los trabajos de recuperación y ampliación de la vía.

El alcalde también criticó duramente al ministerio, calificándolo como una “institución caviar” que busca que la población siga sufriendo. Aseguró que la lógica del MTC es que “la gente sufra” y acusó a las autoridades de aprovecharse de la tramitación de expedientes técnicos, que, según él, vencen en tres años y son utilizados de manera irregular para frenar proyectos de interés público.

Estas declaraciones coinciden con un enfrentamiento político que ha marcado la gestión de López Aliaga, especialmente en torno a la ejecución del tren Lima-Chosica y la ampliación de la Vía Expresa Sur. Además, el alcalde solicitó a la presidenta Dina Boluarte que cambie al titular del MTC, calificando su gestión como incapaz, mientras que desde la Presidencia de la República respaldaron la continuidad del ministro.

Por su parte, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado rechazando la resolución del MTC que propone una multa de más de 160 millones de soles por supuestos incumplimientos ambientales, argumentando que han solicitado sin éxito la aprobación del Reglamento de Adecuación Ambiental. La comuna también recordó que, mediante una ordenanza de octubre de 2024, declaró en emergencia la intervención para ampliar la Vía Expresa Sur, que consideran necesaria para la ciudad.

El proyecto de la Vía Expresa Sur ha sido objeto de críticas por su planificación y ejecución. El regidor Arón Espinoza, opositor al alcalde, denunció que varios funcionarios municipales fueron denunciados por desalojos forzados durante las obras, en lo que calificó como una expropiación arbitraria de una propiedad de 15 mil metros cuadrados sin una adecuada coordinación con sus propietarios.

Este conflicto refleja la tensión entre la administración local y el gobierno central, en medio de acusaciones mutuas y polémicas decisiones que afectan la infraestructura y el desarrollo urbano en Lima. La situación sigue siendo un punto de atención en la política peruana, con implicaciones que podrían extenderse en los próximos meses.