Controversia en el Congreso: Difunden imágenes que evidencian uso indebido de empleados de Lucinda Vásquez

La congresista Lucinda Vásquez se encuentra en el centro de una polémica tras la circulación de imágenes y testimonios que muestran el supuesto uso de empleados de su despacho para realizar tareas personales durante horas de trabajo.

Imágenes y testimonios que comprometen a Vásquez

Este domingo, el programa Cuarto Poder difundió una fotografía en la que se observa al trabajador Edwar Rengifo, familiar de la parlamentaria, cortándole las uñas en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa, mientras Vásquez permanecía usando su celular.

Además, el reportaje reveló que otro asesor de Vásquez, Willer Sajami, fue grabado en su domicilio realizando tareas domésticas, como preparar el desayuno de la congresista, en horas laborales. Las imágenes corresponden a fechas del 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.

Reacciones y análisis legal

Estos hechos han generado un reparo inmediato en el Congreso, así como un intenso debate sobre las posibles sanciones a las que podría enfrentarse la legisladora.

El abogado laboralista Axel Medina, del estudio Ugaz Zegarra, explicó a Infobae Perú que los asesores y empleados de un despacho parlamentario están contratados para brindar soporte técnico, legal y administrativo en el ejercicio de sus funciones legislativas y de representación. Es incompatible y contrario a la ley que un congresista exija a sus subordinados realizar actividades ajenas al servicio parlamentario, afirmó.

Medina agregó que imponer tareas personales a los empleados desnaturaliza la relación laboral y constituye una desviación de poder, lo cual puede implicar un uso indebido de fondos públicos y derivar en responsabilidades administrativas y penales.

En relación a la gravedad del caso, el especialista indicó que podría encuadrarse en la figura del peculado de uso, sancionado en el Código Penal Peruano. Este delito penaliza el empleo de bienes, recursos o personal del Estado para fines distintos a los establecidos por la función pública, con penas que oscilan entre dos y cuatro años de prisión.

Asimismo, la ley contempla sanciones adicionales como la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la apertura de procesos administrativos, en concordancia con la Ley 27815, que regula el Código de Ética de la Función Pública.

Posibles sanciones y futuro del caso

El presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elvis Vergara, confirmó que impulsará una investigación formal contra Vásquez. Si obtiene el respaldo de sus colegas, la legisladora podría enfrentar una suspensión temporal, una amonestación pública o incluso su destitución.

Vamos a investigar. El hecho de denigrar a una persona que colabora en las labores del despacho, en actividades que no corresponden, genera rechazo tanto en los congresistas como en la ciudadanía. No se puede, siendo autoridad, hacer uso indebido de bienes públicos, expresó Vergara.

Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles internos y la ética en el ejercicio de la función pública, en un contexto donde la transparencia y la responsabilidad son fundamentales para la confianza ciudadana en las instituciones.