Lula enfrenta decisión crucial: ¿Aprobado o veto al controvertido proyecto de ley de licencias ambientales que podría ampliar la deforestación en la Amazonía?

Decisión pendiente del presidente Lula sobre la ley de licencias ambientales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene plazo hasta el 8 de agosto para decidir si promulga o vetará el proyecto de ley sobre licencias ambientales, conocido como PL 2159/2021. Este texto, aprobado por el Congreso en julio pasado, todavía está en evaluación por el gobierno federal. Debido a su controversia, el proyecto ha sido apodado como “el proyecto de ley de la devastación” y ha generado un intenso debate en el país.

La propuesta ha desatado una polémica similar a la que enfrenta actualmente Brasil respecto a la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas. En estos días, en varias fachadas del centro de San Pablo se han proyectado mensajes de protesta, entre ellos el lema “Prohíbe todo, Lula”, reflejando la preocupación de organizaciones y ciudadanos.

Implicaciones del proyecto y críticas principales

El proyecto, respaldado por el lobby agrícola del país, busca facilitar trámites y reducir la burocracia para acelerar permisos y promover el crecimiento económico. Sin embargo, muchos temen que esta simplificación pueda afectar negativamente la protección del medio ambiente, en un país donde la deforestación en áreas clave como la Amazonía ya es alarmante.

Entre las principales modificaciones, la ley propone reformas profundas en el sistema de licencias ambientales. Destaca la eliminación del control del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en grandes proyectos mineros, lo que podría disminuir la regulación sobre actividades de alto impacto ecológico. Además, introduce nuevas modalidades de licencias, como la licencia ambiental única (LAU), que permite tramitar en una sola fase la autorización para instalación, ampliación y operación de actividades.

Vulnerabilidades y exenciones en la normativa

La LAU elimina la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones ambientalistas. También se contempla la licencia de adhesión y compromiso (LAC), un proceso simplificado que permite a las empresas autodeclararse responsables, reduciendo controles preventivos y la participación de órganos como el IBAMA.

Otra preocupación importante es la exención de permisos para muchas actividades agrícolas. La ley contempla la eliminación de requisitos para cultivos temporales y permanentes, así como para distintos tipos de ganadería, lo que podría facilitar la expansión agrícola sin considerar los efectos ambientales.

Impacto en los derechos de las comunidades indígenas

El proyecto de ley también contempla cambios en la protección de los territorios indígenas. Solo podrán intervenir en el proceso de autorización las tierras que hayan sido completamente demarcadas y homologadas, dejando de lado a las áreas en proceso. Según el Instituto Socioambiental, actualmente hay al menos 259 tierras indígenas en trámite de homologación, abarcando aproximadamente el 32% de las reservas indígenas del país.

El informe del Consejo Indígena Misionero (CIMI) de 2023 revela una situación aún más crítica, con 1.381 territorios y solicitudes pendientes. La aprobación del Marco Temporal en 2023, que limita la demarcación de tierras a las ocupadas en 1988, agrava la problemática. Aunque el Tribunal Supremo de Brasil (STF) declaró inconstitucional dicho marco, la decisión fue parcialmente revertida tras la creación de una “cámara de conciliación” que acordó cambios mínimos, generando rechazo en las comunidades indígenas.

Por ahora, la situación está en incertidumbre, y el movimiento indígena sigue protestando contra las medidas que consideran vulneran sus derechos y amenazan sus territorios. El futuro del proyecto de ley y las políticas ambientales en Brasil aún están en juego, en un contexto de profunda tensión política y social.