Lula impulsa Ley Antifacciones en Brasil tras ola de violencia mortal y enfrentamientos del crimen organizado

Brasil impulsa un proyecto de ley para endurecer las penas contra organizaciones criminales

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió este viernes al Congreso Nacional de Brasil un nuevo proyecto de ley destinado a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La iniciativa, conocida como la Ley Antifacciones, busca incrementar las penas y establecer nuevas medidas legales para frenar la expansión de las organizaciones delictivas en el país. La propuesta llega en un momento de alta tensión, tras una operación policial que dejó 121 muertos en Río de Janeiro, en los complejos de la Penha y del Alemão.

Este proyecto, que tiene como objetivo principal atacar la violencia atribuida a grupos como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC), será tratado con prioridad en la Cámara de Diputados, según confirmó el presidente de esa institución, Hugo Motta.

## Detalles del proyecto y contexto político

Durante una reunión en la tarde del viernes, participaron varios ministros del gabinete, entre ellos Ricardo Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública), José Múcio (Defensa), Jorge Messias (Abogacía General de la Unión) y Sidônio Palmeira (Secretaría de Comunicación Social). Allí se ultimararon los detalles del texto legislativo, que ahora será discutido en el Legislativo.

El ministro Lewandowski explicó que el borrador del proyecto surgió tras una extensa deliberación con diferentes áreas del gobierno y que busca “atacar el crimen de forma más estructurada”. Entre las medidas propuestas, destaca la creación de la figura penal de “organización criminal calificada”, que contempla penas de entre 8 y 15 años de prisión para grupos que controlen territorios o actividades económicas mediante violencia o amenazas. En casos donde se demuestre que estos delitos incluyen homicidio, la pena máxima podría llegar hasta los 30 años.

## Nuevas herramientas legales para la lucha contra el crimen

El proyecto también eleva la pena máxima para delitos cometidos por organizaciones criminales simples, estableciendo una condena de hasta 10 años. Además, propone la creación de un **Banco Nacional de Organizaciones Criminales**, que recopilará datos sobre los integrantes de estas bandas y será accesible para las agencias de seguridad pública.

Otra de las innovaciones contempla la autorización para que la Justicia intervenga en empresas vinculadas a organizaciones delictivas, incluyendo la designación de gestores externos y el bloqueo inmediato de operaciones financieras sospechosas. También se prevé la suspensión temporal de empleados públicos que fomenten, financien o formen parte de estas organizaciones, con un período de exclusión de hasta 14 años de toda vinculación con la administración pública.

## Medidas adicionales y controles

El proyecto introduce mejoras en los mecanismos de “secuestro de bienes”, permitiendo la incautación de valores y activos antes de que culminen los procesos judiciales, siempre que exista evidencia de origen delictivo. Además, establece la posibilidad de monitorear, con autorización judicial, las conversaciones y reuniones de presos vinculados a bandas criminales, incluyendo tanto encuentros presenciales como intercambios virtuales.

Para dificultar la comunicación entre líderes criminales, se formaliza la transferencia de presos entre cárceles en caso de riesgos inminentes, con la obligación de informar de inmediato a los jueces responsables. En el aspecto operativo, el gobierno planea infiltrar agentes y empresas ficticias en las estructuras de las bandas para obtener información vital sobre sus operaciones, estrategia que consideran clave para desmantelar estas organizaciones.

## Recomendaciones y nuevas estrategias

El secretario de la Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunció que el gobierno promoverá la creación de una delegación especializada contra el crimen organizado en esa institución. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de combate y control de actividades ilícitas, en línea con la intención de reducir la influencia de las organizaciones criminales en Brasil.

El nuevo proyecto de ley representa un paso importante en la política de seguridad del país, que busca responder a los crecientes desafíos del crimen organizado mediante una legislación más dura y estrategias integradas. La aprobación de estas medidas será clave para frenar la violencia y desmantelar las redes delictivas que afectan a diversas regiones de Brasil.