Maduro impone decreto de conmoción externa en Venezuela para tomar control total bajo amenaza de EE.UU.

El decreto de conmoción externa en Venezuela: ¿Qué implica para el país?

El régimen de Nicolás Maduro ha puesto en marcha lo que llama el “decreto de conmoción externa”, una medida que otorga amplias facultades al gobierno bajo el pretexto de proteger a Venezuela de una supuesta amenaza inminente de Estados Unidos. Aunque el contenido completo del decreto aún no ha sido divulgado públicamente, su existencia y los indicios sobre sus alcances generan preocupación en diferentes sectores nacionales e internacionales.

El decreto, según ha confirmado la vicepresidenta Delcy Rodríguez, fue suscrito por Maduro. Sin embargo, todavía se desconoce la fecha exacta en que se firmó y su texto completo, lo que mantiene a la ciudadanía en la incertidumbre sobre las restricciones y poderes que la medida podría implicar. La opacidad en su proceso de consulta y firma alimenta las dudas sobre la magnitud de sus efectos, que podrían ser la suspensión de garantías constitucionales y la concentración de poder en manos del chavismo en caso de una “agresión” extranjera.

Marco legal y contexto constitucional

Según la Constitución venezolana, el estado de conmoción externa es un estado de excepción que puede declararse ante conflictos que pongan en riesgo la seguridad nacional, las instituciones o la vida de los ciudadanos. La ley permite restringir derechos, excepto aquellos considerados intangibles, como el derecho a la vida y la prohibición de torturas. La norma otorga carácter de ley al decreto desde su emisión, y debe ser publicado en la Gaceta Oficial. Hasta ahora, Maduro no ha hecho público dicho decreto, lo que genera dudas sobre su oficialidad y alcance.

Durante la vigencia del estado de conmoción, el gobierno puede actuar sin los controles habituales, limitando libertades y tomando control de recursos públicos y estratégicos. La medida busca justificar acciones militares y económicas sin las restricciones normativas tradicionales, permitiendo al régimen movilizar a la Fuerza Armada, tomar el control de industrias clave, cerrar fronteras y activar planes de emergencia en diferentes ámbitos. Todo esto bajo la justificación de garantizar la seguridad del país frente a amenazas externas.

Justificación oficial y riesgos potenciales

Rodríguez ha argumentado que la medida responde a “peligrosas amenazas” de Estados Unidos, señalando que el despliegue militar estadounidense cerca de las costas venezolanas requiere una respuesta de defensa y seguridad. Además, acusó a Washington de querer apoderarse de los recursos energéticos y minerales del país, y sostuvo que Estados Unidos “le declara la guerra al planeta entero”.

El chavismo busca así legitimar la concentración de poderes para defender la “integridad territorial” y los “intereses vitales” de Venezuela. Sin embargo, no se especifican los criterios que activarían la aplicación del decreto ni los límites de las restricciones que podría imponer a la población y a las instituciones. La falta de transparencia y controles efectivos genera inquietud sobre la posible militarización y control total del Estado, que podría afectar derechos fundamentales.

Implicaciones y posibles consecuencias

El decreto, que tiene una vigencia inicial de 90 días prorrogables, requiere revisión y aprobación de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y del Tribunal Supremo. La oposición y organizaciones civiles han advertido que la medida podría limitar derechos fundamentales y abrir la puerta a un aumento en la represión y el control autoritario.

Expertos y defensores de derechos humanos exigen que el gobierno publique el texto completo del decreto para que la ciudadanía conozca sus alcances. La opacidad en su implementación y la falta de contrapesos reales hacen que exista un riesgo elevado de que esta medida sea utilizada para consolidar aún más el poder de Maduro, restringiendo libertades y debilitando las instituciones democráticas en Venezuela.