Maduro y su red ocultan casi 7 mil millones en criptomonedas para evadir sanciones y lavar dinero

Transparencia Venezuela denuncia uso irregular de criptomonedas en el régimen de Nicolás Maduro

La organización Transparencia Venezuela alertó este lunes sobre un aumento alarmante en el uso de criptomonedas como principal medio para perpetrar corrupción financiera y evadir las sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro. Según el informe, altos funcionarios, empresas privadas y bancos que operan bajo protección del chavismo están involucrados en operaciones ilícitas que manipulan el sistema cripto venezolano.

Manipulación del sistema criptográfico y desvío de fondos públicos

El documento revela que el sistema criptográfico del país, promovido por Caracas como un símbolo de “soberanía digital”, ha sido distorsionado para desviar miles de millones de dólares en fondos públicos. A través de operaciones opacas y sin controles efectivos, estas estructuras permiten blanquear activos y realizar transacciones ilegales. Entre 2017 y 2025, la dictadura chavista utilizó el criptoactivo Petro como fachada para desviar recursos y facilitar ventas ilegales de petróleo, con el objetivo de sortear las restricciones internacionales.

La trama PDVSA–Cripto y su impacto económico

Uno de los hallazgos más destacados del informe es la existencia de la denominada “trama PDVSA–Cripto”, liderada por el ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami —quien actualmente está detenido— y el ex superintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez. Esta red habría facilitado el desfalco de al menos 16.950 millones de dólares. La operación se apoyó en estructuras institucionales diseñadas para proteger y manipular los movimientos económicos, como la Sunacrip, la Tesorería de Criptoactivos y plataformas centralizadas de registro y minería controladas por el chavismo.

El informe indica que el Petro nunca funcionó como una criptomoneda descentralizada convencional. En cambio, fue utilizado como una herramienta de control político, permitiendo gestionar transacciones petroleras y cambiarias fuera del control fiscal y judicial, tanto en Venezuela como en el extranjero. La ausencia de auditorías reales y la discrecionalidad en su administración facilitaron la ocultación de grandes sumas de dinero.

El uso de stablecoins y el blanqueo de capitales

Tras el colapso del Petro en 2024, el régimen lanzó una nueva estrategia basada en stablecoins como USDC y USDT. Estas monedas digitales son gestionadas por empresas privadas con licencias estatales, como Kontigo y Crixto Pay. Estas plataformas manejan millones de dólares en transacciones, muchas sin controles efectivos sobre el origen de los fondos o la verificación de usuarios.

El proceso consiste en comprar stablecoins a tasas oficiales y vender en mercados paralelos, creando un circuito de arbitraje que permite convertir activos ilícitos en divisas “legítimas”. Esto facilita la integración de fondos ilegales en el sistema financiero internacional, en un esquema que se asemeja a viejos métodos de triangulación con dólares preferenciales, ahora potenciado por tecnología blockchain y con menos regulaciones.

Bancos y operaciones opacas

Además, bancos privados como Bancamiga, Banco Plaza y Banco Activo han sido señalados por facilitar recargas en efectivo de hasta 100.000 USDC mensuales, sin controles ni trazabilidad sobre los participantes en estas triangulaciones. La operación recuerda esquemas anteriores de control de divisas, pero ahora con menor supervisión regulatoria y mayor opacidad.

En conjunto, el informe de Transparencia Venezuela advierte que, lejos de promover una verdadera modernización financiera o inclusión digital, estas operaciones han servido para sostener una corrupción sistémica, evadir sanciones internacionales y mantener el control del dinero público en manos de intereses privados. La estrategia evidencia un uso manipulado de la tecnología blockchain para fines ilícitos, en detrimento de la transparencia y la estabilidad económica del país.