Martín Vizcarra enfrenta prisión preventiva de cinco meses tras aprobación del PJ por solicitud fiscal

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue declarado en prisión preventiva por un período de cinco meses en relación con el caso conocido como «Lomas de Ilo» y el Hospital de Moquegua. La decisión fue tomada por el juez de investigación preparatoria nacional, Jorge Chávez Tamariz, quien argumentó la existencia de indicios sólidos que vinculan a Vizcarra con el presunto pago de sobornos por parte de las empresas Obrainsa e ICCGSA, cuando ejercía como gobernador regional de Moquegua.

La Fiscalía había solicitado inicialmente una prisión preventiva de seis meses, pero el magistrado decidió reducirla a cinco, considerando que este plazo sería suficiente para evaluar la situación del exmandatario. La principal razón para dictar la medida fue el riesgo de fuga, dado que Vizcarra no tiene arraigo laboral ni familiar en Perú, y su conducta durante el proceso genera dudas.

Durante la audiencia, Vizcarra intentó demostrar su vínculo laboral mediante contratos con las empresas Urbaniza 3D y Perú Primero. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz cuestionó estos documentos, señalando que el contrato con Urbaniza 3D fue suscrito por su esposa, Maribel Díaz Cabello, lo que, en su opinión, constituye un «contrato entre cónyuges». Además, mencionó que las hijas del exmandatario son socias fundadoras de la misma empresa y que el terreno administrado por Urbaniza 3D había pertenecido previamente a una compañía en la que Vizcarra también era socio.

Respecto al contrato con Perú Primero, el magistrado afirmó que no demostraba un vínculo laboral real, pues los informes, funciones y pagos no eran coherentes. También resaltó que Vizcarra intentó manipular el sistema judicial para evitar su detención, incluso después de que se emitiera la primera orden de prisión preventiva.

En cuanto al arraigo familiar, Chávez Tamariz señaló que no se puede establecer una dependencia significativa, ya que sus hijos son adultos y su domicilio en Lima no tiene vinculación efectiva con el de su hijo menor en Moquegua. Además, el juez consideró que la conducta del exmandatario en el proceso es cuestionable y que existe una alta probabilidad de que intente evadir la justicia, dada la gravedad de la condena que enfrenta y su pasado en cargos públicos de alto nivel.

Por estos motivos, Chávez Tamariz concluyó que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia de Vizcarra durante el proceso y la eventual sentencia, prevista para dentro de los próximos cinco meses. La medida también se fundamenta en la Ley 32130, que regula las reglas de conducta y asegura que el exmandatario no tenga una regla que garantice su comparecencia voluntaria.

Este caso ha generado gran atención en Perú, donde la lucha contra la corrupción continúa siendo una prioridad. La resolución del juez refleja la seriedad con la que las autoridades están abordando los casos de delitos cometidos por exfuncionarios en ejercicio de sus cargos.