Martín Vizcarra enfrentará prisión preventiva: ¿seguirá los pasos de Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala en Barbadillo?

El expresidente peruano Martín Vizcarra enfrentará un período de prisión preventiva de cinco meses, tras una decisión del Poder Judicial que lo involucra en un proceso por presuntos actos de corrupción. La medida fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz de la Corte Superior Nacional, quien argumentó que Vizcarra carece de suficiente arraigo laboral y familiar en el país, lo que pone en riesgo su permanencia en territorio peruano y su sometimiento al proceso judicial.

Vizcarra, quien asumió la presidencia en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra en la mira del sistema judicial por su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. La Fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por aproximadamente 2.3 millones de soles en relación con dos proyectos emblemáticos: el Hospital Regional de Moquegua y la irrigación Lomas de Ilo. Se le imputan cargos de cohecho pasivo propio, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, con una petición de pena de 15 años de prisión efectiva.

Este caso se suma a la larga lista de expresidentes que han enfrentado la justicia en Perú. Vizcarra, que inicialmente se mostró desafiante ante las acusaciones, podría ser recluido en el Penal de Barbadillo, una prisión que ha ganado notoriedad por alojar a varias figuras políticas de alto perfil. En ese centro penitenciario ya han pasado exmandatarios como Alberto Fujimori, condenado por crímenes de derechos humanos y corrupción, quien estuvo allí hasta 2023 tras su indulto que posteriormente fue revocado.

Otros expresidentes encarcelados en Barbadillo incluyen a Ollanta Humala, condenado por lavado de activos por el caso Odebrecht; Alejandro Toledo, extraditado desde Estados Unidos por casos vinculados a Lava Jato; y Pedro Castillo, actualmente detenido tras su intento de golpe de Estado en 2022. La presencia de Vizcarra en esta lista reafirma la percepción de que la cárcel en Perú ha devenido en un destino común para los exmandatarios implicados en delitos graves.

El proceso judicial contra Vizcarra, que comenzó en octubre de 2024, sigue en curso con varias audiencias y testimonios. Entre estos, destaca la declaración de Elard Paul Tejeda, exgerente de la empresa Obrainsa, quien afirmó que el expresidente recibió pagos indebidos a cambio de contratos. Sin embargo, el exmandatario ha negado las acusaciones, asegurando que los pagos se trataron de honorarios por servicios legítimos y ha solicitado la nulidad del proceso por supuestas irregularidades en la fase de acusación.

Este caso no solo representa un importante capítulo en la lucha contra la corrupción en Perú, sino que también podría marcar un antes y un después en la carrera política de Vizcarra, cuyo futuro en la política nacional ahora pende de un hilo. La sentencia definitiva, prevista para mediados de 2025, será crucial para definir su legado y la imagen del sistema judicial peruano en la lucha contra la impunidad.