Más de 200 desaparecidos fueron sepultados en fosas comunes sin aviso a sus familias

Desapariciones en San Juan de Lurigancho: Familias sin Notificación a Pesar de los Avances Tecnológicos

En los cerros de San Juan de Lurigancho, en las afueras de Lima, se revela una problemática alarmante relacionada con las desapariciones forzadas y la ineficacia de los sistemas de búsqueda y notificación en el Perú. Según los registros oficiales, hay personas reportadas como desaparecidas con alerta de búsqueda vigente, pero cuyos cuerpos ya han sido enterrados en fosas comunes sin que sus familiares hayan sido informados. Esta situación fue expuesta en un informe televisivo monitoreado por Punto Final, que pone en cuestionamiento el funcionamiento de los sistemas públicos de búsqueda y notificación de desaparecidos en el país.

Datos sobre las fosas comunes y los cuerpos sin identificar

Entre 2023 y junio de 2025, el Cementerio El Sauce, situado en los márgenes polvorientos de San Juan de Lurigancho, recibió al menos 419 cuerpos remitidos por la Morgue Central de Lima. De estos, 212 permanecen como NN (“sin nombre”) y otros 207 corresponden a personas con identidad establecida. Sin embargo, muchos de estos casos aún figuran como desaparecidos en las bases de datos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio del Interior, lo que prolonga la incertidumbre en las familias afectadas.

El caso de Jenny Espinoza: una historia que ilustra las fallas del sistema

El caso de Jenny Espinoza ejemplifica las deficiencias del sistema. Durante dos años, Espinoza buscó a su hijo, Michael, quien fue reportado como desaparecido tras perder contacto cuando viajaba de Lima a Huánuco. La madre realizó denuncias, consultó con la policía local e ingresó informes en la fiscalía. La Policía Nacional del Perú mantuvo activa la alerta de búsqueda y le envió notificaciones periódicas, asegurándole que el caso seguía abierto.

No obstante, la realidad fue otra. Michael Espinoza, quien permaneció semanas en la morgue de Lima, fue enterrado poco más de un mes después en una fosa común, bajo un código, junto a otros dos cuerpos. Nadie notificó a su madre sobre su fallecimiento ni sobre su inhumación.

Repetición de casos similares y la desconexión de los sistemas

La historia de Jenny no es aislada. Muchas familias continúan buscando a sus seres queridos, mientras los protocolos institucionales no logran conectar la información entre la morgue, la policía y los cementerios. Según Félix Briceño, director de la Morgue Central de Lima, cada año se reciben más de 4,000 cuerpos, de los cuales una fracción entra en la categoría NN. Si estos no son reclamados ni identificados en un plazo de 36 horas a semanas, pueden ser enterrados en fosas comunes o, en algunos casos, donados a instituciones académicas.

Briceño también informó que, en las últimas semanas, se iniciaron coordinaciones con la Dirección de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional para intercambiar información y prevenir que estos episodios se repitan. Sin embargo, aún no existe un sistema automatizado de comunicación, lo que sigue prolongando el sufrimiento de los familiares.

Testimonios de familiares y las limitaciones actuales

Una hermana de un joven reportado como desaparecido en septiembre de 2025 relató que, tras meses de búsqueda sin respuestas, solo supieron del destino de su hermano gracias a un reportaje. La familia aseguró que, con la tecnología actual, sería posible ubicar a los familiares de manera más eficiente, pero los sistemas siguen operando de manera aislada.

El Estado peruano mantiene listas activas de personas desaparecidas, pero en muchos casos sus cuerpos ya han sido enterrados, identificados o no, sin que las familias sean notificadas. Esta desconexión entre los diferentes sistemas institucionales evidencia una grave falla en la protección de los derechos de las víctimas y sus familiares.

Conclusiones y desafíos pendientes

Pese a los avances en digitalización y tecnología, la Morgue Central de Lima y la Policía Nacional continúan operando con sistemas independientes y poco integrados. La falta de una comunicación automatizada y efectiva impide que las familias sean informadas oportunamente y que los cuerpos sean reclamados o identificados de manera adecuada.

Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos y la coordinación entre las instituciones públicas para garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las familias afectadas por la desaparición y muerte de sus seres queridos.