Más de la mitad de hombres en Perú justifican violaciones en ciertos casos, revela ENARES

La persistente violencia contra las mujeres en Perú y sus implicancias

En Perú, la problemática de la violencia de género mantiene un nivel alarmante, reflejo de una estructura social marcada por la desigualdad y la impunidad. Los últimos datos de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) muestran una realidad preocupante: tres de cada cuatro personas justifican algún tipo de agresión contra las mujeres. Para las organizaciones feministas y de derechos humanos, estos resultados no son aislados, sino indicios de una falla sistémica en las políticas de prevención, educación y justicia.

El reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos

En el marco del Día de los Derechos Humanos, expertos recalcan un mensaje unánime: los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. No se trata solo de un lema, sino de una exigencia concreta. Liz Méndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, afirma: “Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental. Garantizar ese derecho contribuye a construir una sociedad más justa y humanitaria”.

Normalización y falta de respuesta ante la violencia

La abogada Shelly Cabrera, de Manuela Ramos, advierte que estamos ante una normalización profunda de la violencia en todos los niveles sociales. “A pesar de décadas de lucha, las políticas públicas no se han implementado en su totalidad. Los operadores carecen de la capacitación adecuada y la respuesta institucional no es integral. La impunidad perpetúa la violencia: si los agresores no enfrentan consecuencias, la violencia se replica y se normaliza”.

Retrocesos legislativos y su impacto en la educación sexual y los derechos de las niñas

La situación se agrava con la reciente aprobación de una ley que elimina el enfoque de género y debilita la Educación Sexual Integral (ESI) en las políticas públicas y en el currículo escolar. Para las organizaciones feministas, este retroceso legislativo no solo ignora la evidencia que respalda la prevención de la violencia, sino que también priva a niñas, niños y adolescentes de herramientas esenciales para identificar riesgos, entender el consentimiento y promover relaciones igualitarias.

La problemática de la prevención y la cultura de la impunidad

Nieves Manrique, vocera de DEMUS, explica que “desde hace años, detectamos la ausencia de políticas públicas efectivas en prevención a nivel local y territorial. El Estado se enfoca en atender la violencia ya ocurrida, pero casi no invierte en evitarla. Esa brecha explica los resultados de ENARES: la población sigue justificando la agresión porque el Estado no está transformando esas ideas de fondo”. En un país donde la tolerancia hacia la violencia sigue siendo alta, advierten las expertas, desmantelar estos enfoques perpetúa la impunidad cultural que sustenta los abusos.

La violencia sexual en cifras alarmantes

El estudio realizado por Ipsos para DEMUS, titulado “Encuesta sobre Prejuicios Sexuales en 5 Territorios del Perú”, revela que entre el 12% y 20% de la población cree que cuando una mujer dice “no”, a veces en realidad quiere decir “sí”. Para Nieves Manrique, estos datos no son sorprendentes, sino una confirmación de que los prejuicios que alimentan la violencia siguen arraigados en la vida cotidiana: “Son estereotipos que aprendemos en la escuela, en la familia y en la comunidad. Por eso, la educación sexual integral es fundamental: ayuda a romper con la idea del control sobre el cuerpo de las mujeres y fortalece su autonomía”.

Impacto de los retrocesos legislativos en la protección de niñas y adolescentes

Esta herramienta ha sido uno de los principales objetivos de ataque por parte del Congreso y diversos grupos antiderechos. Cabrera destaca que estos retrocesos legislativos han tenido consecuencias directas en niñas y adolescentes. Solo en lo que va del año, 901 niñas menores de 14 años han dado a luz, en su mayoría producto de violaciones. Mientras tanto, algunas autoridades han llegado a afirmar que la violencia sexual es “parte de la cultura”, lo que agrava aún más la problemática. “¿Cómo cambiar la situación si desde el poder se reproducen los mismos prejuicios que dañan a nuestras niñas?”, cuestiona Liz Méndez.

La necesidad de una estrategia integral de prevención

Para Méndez, el problema es estructural: “Esto evidencia el fracaso de la estrategia de prevención del Estado. No se están generando cambios en los imaginarios sociales. La violencia es un fenómeno que requiere transformar narrativas, trabajar en las escuelas, con las comunidades y con diversos actores sociales. Sin embargo, la prevención no se está implementando de manera adecuada, y los resultados son evidentes”.

La lucha contra la impunidad y sus efectos en la tolerancia social

Méndez subraya que prevenir también implica luchar contra la impunidad. Cuando los agresores no enfrentan sanciones o incluso acceden a cargos públicos pese a las denuncias, se envía un mensaje devastador: “Les está diciendo que no pasa nada. Esto alimenta la tolerancia social hacia la violencia, en particular hacia la sexual”.

La persistencia de prejuicios machistas entre los hombres

El ENARES revela que más de la mitad de los hombres peruanos considera que una violación puede justificarse en ciertas circunstancias. Méndez señala que estos datos evidencian que los imaginarios machistas siguen muy arraigados: “No se ha logrado romper con los estereotipos de género. La responsabilidad todavía recae en las mujeres, quienes deben cuidarse para evitar ser víctimas, mientras que la responsabilidad del agresor sigue sin ser asumida”.

¿Dónde quedan los derechos de las mujeres?

Además, existen percepciones que afectan directamente los derechos sexuales y reproductivos, poniendo en duda la protección y autonomía de las mujeres en el país.