Más del 90% de acusados por trata de personas quedan impunes: víctimas enfrentan abandono y secuelas sin justicia ni respaldo

Hace más de 16 años, Jhinna Pinchi Calampa, originaria de la comunidad amazónica de Mishquiyacu, saltó desde la azotea del night club La Noche en Piura, donde había sido retenida y explotada sexualmente durante dos años. Su valiente fuga en 2009 marcó el inicio de una lucha constante por justicia y reconocimiento, en un contexto de profunda desprotección institucional y amenazas de muerte por parte de la red que la capturó.

Actualmente, Jhinna vive en un pequeño departamento con sus dos hijos, desempeñándose como orientadora judicial. Aunque su caso fue emblemático y logró captar la atención internacional, la realidad que enfrenta en su proceso de recuperación dista mucho de ser satisfactoria. La experiencia de la víctima refleja las fallas del sistema peruano: largos procesos judiciales, poca asistencia psicológica y una escasa oferta de programas integrales de reintegración. La falta de recursos y coordinación entre instituciones ha obligado a muchas sobrevivientes a buscar por sí mismas la reconstrucción de sus vidas, enfrentando obstáculos que muchas veces parecen insuperables.

El caso de Jhinna evidencia una problemática más amplia en Perú. El delito de trata de personas sigue en aumento, con casi 14,000 casos registrados entre 2020 y 2025, en su mayoría involucrando a mujeres, niñas y adolescentes provenientes de zonas rurales y empobrecidas. La criminalidad se ha adaptado a nuevas tecnologías, usando redes sociales y engaños para captar víctimas, y empleando métodos como servicios de delivery y bares itinerantes para dificultar su detección.

Asimismo, la respuesta estatal ha sido insuficiente. La falta de centros especializados y recursos adecuados limita la atención y protección efectiva de las víctimas adultas. Los albergues y programas de reintegración aún son escasos y con financiamiento reducido, lo que impide que muchas sobrevivientes reciban la ayuda necesaria para superar el trauma y retomar sus vidas.

Los procesos judiciales son lentos y en muchos casos terminan en impunidad. De los miles de responsables imputados, solo una pequeña fracción recibe condenas efectivas, mientras que la mayoría permanece prófuga o con penas suspendidas. La poca especialización del sistema judicial y la escasa protección a las víctimas generan una sensación de inseguridad y desconfianza que perpetúa el ciclo de vulnerabilidad.

Expertos advierten que la lucha contra la trata requiere un enfoque integral y coordinado, que incluya prevención, atención especializada y reparación. Sin embargo, la realidad muestra que los recursos y la voluntad política aún son insuficientes para garantizar derechos básicos a las víctimas, especialmente en zonas alejadas y rurales. La brecha entre la ley y la práctica sigue siendo uno de los mayores obstáculos para erradicar este delito y proteger a quienes más lo necesitan.

La historia de Jhinna, además de ser un testimonio de la crueldad de las redes criminales, revela una problemática estructural que requiere una reforma profunda en las políticas públicas, mayor presupuesto y un sistema judicial más capacitado y sensible. Solo así podrá haberse un verdadero camino hacia la justicia y la reparación para las sobrevivientes de trata en Perú.