Ampliación del Reinfo genera preocupación por minería ilegal y criminalidad transnacional

Tras la aprobación por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026, sin un debate profundo en la sesión, diferentes voces expresaron su inquietud. Entre ellas, Karina Garay Tapia, ex fiscal especializada en materia ambiental y vocera del Observatorio de Minería Ilegal, criticó la decisión y advirtió sobre las posibles implicancias.

Críticas y advertencias frente a la ampliación del Reinfo

Garay Tapia afirmó que en campañas electorales no es raro que se ofrezca legalizar grupos ilegales con el fin de obtener votos. Además, destacó que aún no se han escuchado propuestas concretas de los candidatos, especialmente de quienes aspiran al Senado y a la Cámara de Diputados, en relación a estrategias específicas para combatir la minería ilegal.

Garay advirtió que la minería ilegal se ha convertido en un problema de alcance internacional, con presencia en el país de organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua y las FARC. La ampliación del Reinfo, según su perspectiva, podría perpetuar la impunidad, ya que aquellos mineros inscritos en el registro gozan de privilegios que los eximen de sanciones, pese a que la mayoría no cumple con los requisitos necesarios, especialmente en aspectos ambientales, sociales y laborales.

“Esto es grave, porque en los últimos años hemos visto un crecimiento desordenado y no formal de la minería en nuestro país”, afirmó Garay. La especialista también resaltó que la presencia de minería ilegal, vinculada al crimen organizado, conlleva daños ambientales y explotación laboral, agravando aún más la situación.

Limitaciones en la capacidad de fiscalización

Garay expresó su preocupación acerca de la capacidad del Estado para fiscalizar efectivamente la minería, considerando que en la actualidad existe una notable insuficiencia de recursos logísticos y personal en los gobiernos regionales, responsables de supervisar la pequeña y artesanal minería. Asimismo, criticó la falta de un compromiso claro y decidido por parte del gobierno nacional en el proceso de formalización minera.

“Si no tenemos esa garantía, aumentar la vigencia del Reinfo por un año no servirá de mucho”, sostuvo. Además, criticó la propuesta inicial de la Comisión de Energía y Minas de extender el proceso por dos años e incluso reincorporar a mineros que habían sido excluidos por incumplimientos.

Para profundizar en el tema, puede consultarse el artículo sobre las operaciones en Cajamarca: Cajamarca: Operativo Sierra Norte 2025, el golpe más duro contra la minería ilegal.

Falta de decisión política y riesgos asociados

Garay subrayó que la principal problemática radica en la falta de una verdadera voluntad política, dado que solo el 2% de los mineros formales ha logrado completar el proceso de formalización. La experta advirtió que, en época electoral, no resulta extraño que se ofrezcan beneficios a grupos ilegales para captar votos, práctica que ha sido recurrente en anteriores elecciones y que seguramente se repetirá en estas.

¿Qué riesgos implica esta situación?

Garay señaló que la lucha contra la minería ilegal debe ser una prioridad que involucre a todos los actores políticos, especialmente a los candidatos al Congreso. La problemática no solo afecta al medio ambiente, con deforestación y daños ecológicos, sino que también pone en riesgo la seguridad del país.

“Las ciudades están llenas de índices de criminalidad vinculados a estas disputas por el control del mineral, especialmente el oro. Organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua y las FARC están ingresando a nuestro territorio y controlando esta actividad”, alertó.

En consecuencia, la presencia de organizaciones internacionales en el control de la minería ilegal agrava la problemática, convirtiéndose en un delito de carácter transnacional que requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte del Estado peruano.

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