Ministro Álvarez: Derogación de leyes ‘pro crimen’ requiere análisis individualizado

El Gobierno peruano evalúa la posible derogación de leyes relacionadas con la lucha contra el crimen

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció respecto a la posible derogación de las conocidas como “leyes pro crimen”. En sus declaraciones, afirmó que cada una de estas normativas debe ser evaluada de forma individual y que será el sector Justicia, liderado por Walter Martínez Laura, quien decida si el Ejecutivo apoyará o no su eliminación.

Evaluación de las leyes en cuestión

En una entrevista con RPP, Álvarez explicó que estas normativas “deben ser analizadas una por una”. Mencionó que, por ejemplo, la ley que permite a los policías usar su arma sin ser detenidos debe mantenerse, ya que protege a las fuerzas del orden. “Eso, por ejemplo, tiene que ser apoyado, porque en este momento las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales deben ser protegidas”, afirmó.

Asimismo, resaltó que el gobierno tiene como prioridad la lucha contra el crimen, un compromiso que, en su opinión, debe mantenerse en el contexto actual.

Normas relacionadas con el lavado de activos y otras reformas

Respecto a las leyes vinculadas al lavado de activos, Álvarez reconoció que estas necesitan un análisis más profundo y las calificó como “perfectibles”. Reiteró que la revisión de estas normativas dependerá del sector Justicia y que el Ejecutivo continuará enfocado en la lucha contra el crimen.

Debate sobre las leyes y preocupaciones de la sociedad civil

El debate en torno a estas leyes se intensificó tras las observaciones realizadas por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a inicios de febrero, así como por la Asociación Civil Transparencia. Entre las leyes más cuestionadas se encuentran:

• Ley 31990: Colaboración eficaz
• Ley 32107: Crímenes de lesa humanidad
• Ley 32181: Eliminación de la detención preliminar
• Ley 31751: Recorte de plazos de prescripción
• Ley 32108: Nueva tipificación de crimen organizado
• Ley 32182: Sanciones a fiscales y jueces

Otras normativas también generan inquietud, como la Ley 31989, que limita la incautación de materiales relacionados con la minería ilegal. Según Transparencia, esta ley facilita actividades ilícitas y representa un riesgo para la seguridad pública.

Asimismo, la Ley 32104 obliga a los jueces a aplicar la Ley 31751, lo que podría afectar su independencia. La Ley 32130 establece un plazo de 18 meses para las medidas de comparecencia con restricciones, dificultando investigaciones en casos de corrupción. Además, la Ley 32138 excluye delitos de corrupción privada del ámbito del crimen organizado.

Preocupaciones adicionales y propuestas controvertidas

Transparencia también alertó sobre el Proyecto de Ley 9597, que busca extender el período de formalización de la minería artesanal y pequeña minería. La organización advierte que esta medida podría favorecer la informalidad y perpetuar la minería ilegal.

De acuerdo con la misma fuente, estas leyes limitan las herramientas legales para perseguir delitos graves, creando condiciones que favorecen la impunidad y debilitando la confianza en el sistema judicial.

Implicaciones para la institucionalidad y la lucha contra el crimen

La Asociación Civil sostiene que la aprobación de estas leyes ha representado un retroceso en la institucionalidad democrática y en los esfuerzos contra el crimen organizado. Además, señalan que la imposición de plazos estrictos para la colaboración eficaz limita la capacidad del Ministerio Público para investigar casos complejos, lo que puede derivar en impunidad.