MTC aclara que suspensión judicial detiene embargo de 315 millones de dólares solicitado por Florentino Pérez

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú respondió a la solicitud de embargo por más de 315 millones de dólares presentada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y accionista del conglomerado español ACS. La medida judicial, promovida en el marco del litigio internacional por la Línea 2 del Metro de Lima, ha generado revuelo y ha puesto en evidencia los riesgos asociados a grandes proyectos de infraestructura gestionados mediante contratos internacionales.

César Sandoval, titular del MTC, explicó que la ejecución del laudo arbitral favorable a ACS aún está suspendida. La decisión responde a la estrategia legal del Estado peruano, que continúa defendiendo sus intereses a nivel internacional. Según afirmó, la medida en Luxemburgo no implica un embargo automático, ya que la defensa peruana ha presentado objeciones formales ante el tribunal ad hoc del CIADI, manteniendo así la suspensión provisional de la ejecución.

El conflicto surgió después de que ACS demandara en 2017 por retrasos y sobrecostos en la construcción de la Línea 2 del Metro. El CIADI reconoció parcialmente la reclamación y ordenó una indemnización de 456 millones de dólares, cantidad que el gobierno peruano ha pagado parcialmente, por un monto de 106 millones, mientras que otros aspectos están en revisión. La justicia luxemburguesa intentó ejecutar parcialmente el laudo, pero la defensa peruana ha logrado frenar esa acción.

Sandoval destacó que el proceso judicial aún está en curso y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha apelado y solicitado la revisión del laudo para proteger los recursos públicos. La próxima resolución del tribunal ad hoc del CIADI, prevista para octubre de 2025, será determinante para definir el curso del litigio.

El ministro resaltó que esta disputa no afectará el avance de las obras del Metro de Lima, considerado un proyecto estratégico para la ciudad y la región. La inversión en infraestructura metroviaria continúa, en un esfuerzo por mejorar la movilidad urbana y consolidar a Lima como una ciudad de primer nivel internacional.

Este caso representa uno de los arbitrajes más relevantes en la historia reciente del Perú y evidencia la complejidad de gestionar megaproyectos en un marco legal internacional. El gobierno peruano ha reafirmado su compromiso con la defensa de los intereses públicos y la observancia del derecho internacional, garantizando que la resolución de este conflicto no comprometa el desarrollo de la infraestructura urbana ni la estabilidad económica del país.