MTC niega sanción a la Municipalidad de Lima por Vía Expresa Sur y desmiente acusaciones de acoso político a Rafael López Aliaga

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que el proceso iniciado contra la Municipalidad Metropolitana de Lima por las obras de la Vía Expresa Sur no implica una sanción inmediata, sino que se trata de un procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento de las normativas ambientales. La declaración surge en respuesta a las recientes afirmaciones del alcalde Rafael López Aliaga, quien calificó la medida como parte de un “acoso político” en su contra.

Según informó el MTC, la causa del procedimiento es la ausencia de una certificación ambiental vigente para la ejecución del proyecto. La última certificación, emitida en 2015, venció en 2020 y no ha sido renovada. La normativa exige que cualquier obra con impacto en el medio ambiente cuente con un instrumento ambiental actualizado antes de comenzar los trabajos. En este caso, las autoridades señalaron que la falta de dicha certificación es la razón principal del inicio del proceso sancionador.

Milagros Verástegui, directora general de Asuntos Ambientales del MTC, explicó que en octubre de 2024, tras una denuncia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se notificó formalmente a la Municipalidad de Lima acerca de la caducidad de su certificación. Posteriormente, en marzo de 2025, una inspección técnica confirmó la situación, lo que llevó a la apertura del procedimiento administrativo.

El proceso no ha detenido las obras, siempre y cuando la Municipalidad subsane la observación y presente una certificación ambiental vigente. La autoridad resaltó que este tipo de requisitos no son exclusivos del sector transporte, sino que también aplican en minería, electricidad y otros ámbitos con impactos ambientales significativos, con el objetivo principal de proteger la salud y seguridad de la población.

El viceministro de Transportes, Ismael Sutta, negó que la medida tenga motivaciones políticas y afirmó que la acción responde estrictamente a criterios técnicos y legales. La Municipalidad tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos, tras lo cual se determinará si procede alguna sanción. La funcionaria aclaró que el proceso busca garantizar el cumplimiento de la ley y no implica una multa inmediata, sino una evaluación que puede derivar en sanciones futuras si no se regulariza la situación.

El MTC enfatizó que estas acciones son procedimientos administrativos que buscan la protección del medio ambiente y la salud pública, y que su aplicación no tiene relación con decisiones políticas. La normativa vigente exige que las obras de impacto ambiental cumplan con los requisitos antes de su ejecución, y en caso de incumplimiento, las autoridades tienen la facultad de iniciar sanciones o requerir la regularización correspondiente.