¡Muerte en custodia! Dictadura de Nicaragua entrega cadáver de abogado desaparecido forzosamente y bajo estricta vigilancia en medio de silencio y temor

La muerte de un abogado nicaragüense bajo custodia del régimen sandinista

El viernes pasado, las autoridades del régimen de Nicaragua entregaron el cuerpo sin vida del abogado Carlos Cárdenas Zepeda a sus familiares en Managua. La entrega ocurrió después de quince días en los que estuvo en condición de desaparición forzada, sin que se brindaran detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento.

Los familiares recibieron el cuerpo en un ambiente de tensión y temor, sin explicación alguna por parte de las autoridades. Aunque la noticia se hizo pública durante el fin de semana, ellos permanecen en silencio, presuntamente por miedo a represalias. Personas cercanas a la familia han confirmado que están bajo una vigilancia estricta por parte del régimen, lo que ha impedido que hagan declaraciones públicas.

Contexto y antecedentes del caso

Organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos han señalado que Cárdenas se convierte en el segundo preso político entregado muerto en menos de una semana por las autoridades sandinistas. Esta práctica, caracterizada por la opacidad, amenazas y entierros controlados, evidencia una política sistemática de represión y violaciones de derechos humanos.

Cárdenas era un abogado con amplia trayectoria en el sector público, habiendo trabajado durante veinte años en el Poder Judicial y en la Contraloría General de la República. En 2018, en medio de la crisis social y política que atraviesa Nicaragua, fue convocado por la Iglesia Católica para brindar asesoría legal en el fallido diálogo nacional con el régimen de Daniel Ortega.

Detención, desaparición y muerte

En ese mismo año, fue secuestrado por paramilitares en su casa de Managua, donde permaneció detenido y sometido a acoso. La detención más reciente ocurrió hace quince días, cuando agentes policiales llegaron a su domicilio y lo sacaron sin orden judicial ni explicación, dejando a la familia en la incertidumbre total hasta su entrega post mortem.

Este patrón de desapariciones y muertes continúa sumando preocupación en la comunidad internacional. Organizaciones como la Gran Confederación Opositora y la Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua han calificado estos hechos como crímenes de Estado y desapariciones forzadas, responsabilizando directamente al gobierno de Ortega y Murillo.

Relación con otros casos y declaraciones

La muerte de Cárdenas ocurrió apenas cuatro días después de que el régimen también entregara muerto a Mauricio Alonso Petri, un político opositor de 64 años, detenido en julio en una operación previa a las festividades del 19 de julio. En ese caso, su familia fue notificada después de 38 días de desaparición, en un proceso que incluyó un entierro con restricciones y sin acceso a autopsias independientes.

El exfuncionario Yader Morazán, crítico del régimen, denunció en redes sociales que estos casos reflejan un patrón sistemático de ejecuciones y desapariciones encubiertas. Según su análisis, las autoridades violan los protocolos establecidos por la ley penitenciaria, que garantizan la protección de la vida y la dignidad de los presos, al negar autopsias independientes y restringir la participación de los familiares en los procesos funerarios.

Implicaciones y llamado a la comunidad internacional

Morazán advirtió que estas muertes, en realidad, no pueden ser consideradas incidentes aislados, sino parte de una estrategia deliberada de exterminio y represión. La responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de los detenidos se ve claramente vulnerada, especialmente en casos donde las víctimas son sometidas a desapariciones forzadas.

Organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo una investigación transparente y que se respeten los derechos de los familiares. La comunidad internacional ha sido llamada a actuar con firmeza ante estos crímenes y a presionar por un fin a la represión en Nicaragua.

La situación en el país sigue siendo alarmante, con múltiples casos de detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que evidencian la gravedad de la crisis política y humanitaria que enfrenta Nicaragua.