El Presupuesto General del Estado (PGE) de Bolivia para 2025 prevé destinar el 0,04% de la inversión pública a la conservación ambiental, lo que equivale a 1,7 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Según documentación oficial, los proyectos de inversión del sector productivo y extractivista ocupan el primer lugar respecto al resto de sectores para la inversión pública, siguiendo la política gubernamental de los últimos años. Solo las industrias de los hidrocarburos, minería y agropecuaria suman cerca del 20% del presupuesto.
La senadora Cecilia Requena calificó el monto destinado para el cuidado del medio ambiente como una “miseria” y dijo que generará una precarización aún mayor de la conservación.
“La visión de este Gobierno es completamente extractivista, insostenible e inviable por eso es que se permiten desfinanciar el sector ambiental, que es el que está a la base de su extractivismo y no toma en cuenta los costos impagables para el siguiente ciclo”, afirmó en entrevista con Infobae.
El 0,04% del presupuesto al que hace referencia Requena comprende proyectos de inversión y no incluye otros presupuestos, como el del Ministerio de Medioambiente y Agua o el Viceministerio de Defensa Civil que, entre otras cosas, atiende emergencias por desastres ambientales.
Para Requena, el problema no es necesariamente los montos que se destinan sino la política del Estado frente al medioambiente. “El presupuesto dice a qué cosa cada gobierno le da prioridad y la visión en Bolivia es errada”, sostiene y explica que se sigue aumentando el gasto corriente del Estado y se priorizan industrias cuya base es ambiental sin prever sin considerar su continuidad ni el impacto económico de la destrucción del medioambiente.
“Se sigue poniendo la plata de nuestro país en hidrocarburos, minería y agropecuaria que consumen el agua y muy poco a los sectores que la conservan”, compara, y afirma que las políticas públicas responden a “una visión necia e insostenible de las cosas”.
Adicionalmente, a la baja del presupuesto en inversiones para el medioambiente, cuatro áreas protegidas sufrieron recortes presupuestarios: la Reserva Nacional Manupiri y los parques nacionales Tunari, Carrasco y Madidi, este último es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. El recorte del presupuesto para estas áreas protegidas oscila entre el 22% y el 35% de su financiamiento.
Paradójicamente, el año que termina fue devastador en términos ambientales para el país por los incendios forestales que consumieron en cuatro meses una superficie de al menos 10 millones hectáreas, la mayoría ubicadas en el departamento de Santa Cruz, una extensión comparable con la de todo Cuba.
La superficie arrasada por los incendios incluye bosques, pastizales y reservas naturales lo que derivó en que Bolivia sufriera lo que los expertos consideran “la mayor crisis ambiental” de su historia, con daños irreversibles en el ecosistema.
“Yo solamente quisiera decirles a quienes pretenden seguir haciendo el horror que están promoviendo: las próximas elecciones van a ser en agosto y probablemente en medio de otros incendios. Piénselo bien, la devastación adicional de nuestro país les tiene que costar electoralmente y vamos a encargarnos de que así sea”, expresó Requena.
Bolivia atraviesa una creciente crisis económica marcada por la debacle de la industria petrolera y la caída de sus reservas internacionales, que ha provocado escasez de dólares, una mayor inflación, el surgimiento de un tipo cambiario paralelo y dificultades para cumplir con importaciones clave para el país, como los combustibles que el Estado subvenciona. En ese contexto, el presupuesto para 2025 es el menor de los últimos cinco años (3,965 millones de dólares).
El presupuesto debía ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero el Gobierno impidió el debate, luego de que el vicepresidente David Choquehuanca impusiera un receso parlamentario hasta fin de año, pese a la resistencia de algunos legisladores. En consecuencia, la norma que fija los gastos del Estado será aprobada mediante decreto supremo como establece la Constitución.
El receso parlamentario generó controversia porque además del PGE debía aprobarse otra normativa clave: la Ley de Distribución de Escaños Parlamentarios. Con los resultados preliminares del censo de 2023, el Órgano Electoral debe reconfigurar la representación parlamentaria del país en base a la población de las regiones.
Según los resultados demográficos, el departamento de Santa Cruz ganó un escaño y Chuquisaca perdió uno, por lo que el total de diputados (130) se mantiene. Sin embargo, este era un tema que generaba debate en Bolivia, principalmente en Santa Cruz, que ve en la representación parlamentaria la defensa de los intereses regionales.
Para que la nueva distribución pueda implementarse en las elecciones de 2025 y entrar en vigencia en la próxima legislatura, la norma debe ser aprobada como máximo el 15 de enero.
Fuente: Infobae.com