El Gobierno brasileño afirmó que sigue “con gran preocupación las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra opositores” en Venezuela, según un comunicado difundido este sábado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En un comunicado distribuido por el Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo de Brasil destacó que “para la plena validez de un régimen democrático, es esencial que a los líderes de la oposición se les garanticen los derechos básicos de ir y venir y manifestarse pacíficamente con libertad y con garantías para su integridad física”.
En el comunicado, el Ministerio de Exteriores también repudió “los recientes episodios de detenciones, amenazas y persecución de opositores políticos”, aunque reconoció “los gestos de distensión del régimen de (el dictador venezolano, Nicolás) Maduro” como la liberación de detenidos o la reapertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, en abril de 2024.
En este sentido, Brasil insta a “las fuerzas políticas venezolanas a dialogar y buscar el entendimiento mutuo” para “resolver controversias internas”.
Hasta este momento, ni el Gobierno ni la cancillería brasileña se habían pronunciado oficialmente sobre la nueva investidura de Maduro aunque el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, abordó el asunto en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron.
Según una nota de la Presidencia francesa, ambos mandatarios coincidieron en pedir a Maduro que retome el diálogo con la oposición para que sea posible “la vuelta de la democracia y de la estabilidad” en ese país.
El Gobierno brasileño no ha reconocido la victoria de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en las que la oposición mayoritaria denuncia fraude y reivindica el triunfo del candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia.
Lula ha intentado mediar en el conflicto y se ha sumado a los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para que el CNE divulgue las actas electorales y así comprobar el resultado de los comicios, lo que ha producido algunas fricciones con Caracas.
Por su parte. la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), que integran Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, rechazó la nueva investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, a la que calificaron de ilegítima y producto de “un fraude electoral impuesto a través del terror de Estado contra el pueblo venezolano”.
En un comunicado conjunto, la ADD insistió en que “existe evidencia” de que el electorado venezolano “votó pacífica y masivamente a favor de Edmundo González Urrutia”, el candidato de la mayoría opositora que se enfrentó a Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, y que es considerado por varios países como el legítimo ganador.
La Alianza recordó que “la oposición, liderada por González y María Corina Machado, dio a conocer más del 80 % de las actas -obtenidas el mismo día de la votación- que certifican la victoria de González Urrutia”, si bien estas no son aceptadas como válidas por el chavismo.
“Dichas actas fueron verificadas como auténticas y originales por el Centro Carter, único observador internacional imparcial que pudo estar presente durante dichas elecciones”, señalaron los cuatro países sobre el organismo con sede en Atlanta (Estados Unidos), que desplegó una misión de observación junto a otros organismos como Naciones Unidas.
La ADD consideró también que en Venezuela ha habido “múltiples acciones fraudulentas perpetradas por el régimen con el objetivo de mantener a Nicolás Maduro” y que estas “contravienen la Declaración Universal de Derechos Humanos”, entre otros instrumentos internacionales de derecho internacional como la Carta Democrática Interamericana.
(Con información de EFE)
Fuente: Infobae.com