Condenan a Trump por caso «Stormy Daniels», pero no irá a prisión: Es el primer presidente convicto de EE.UU.

¿Qué pasó? 

Donald Trump fue condenado este viernes por el caso de falsificación de registros comerciales para silenciar una relación extramarital que sostuvo con la exactriz de cine porno Stormy Daniels, previo a las elecciones de 2016.

Se trata de una sentencia simbólica, aunque histórica, que no implica cárcel, multa ni libertad condicional, pero que convierte al presidente electo en el primer delincuente convicto en llegar a la Casa Blanca.

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«Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite la entrada de una sentencia condenatoria sin invadir el cargo más alto de la tierra, es un descargo incondicional», dijo el juez del Tribunal de Distrito de Manhattan Juan Merchan en una audiencia a la que Trump asistió virtualmente.

«Vergüenza para el sistema» 

El republicano de 78 años, que regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, fue declarado culpable en mayo de 2023 por un jurado popular de 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, exactriz porno con la que habría mantenido una fugaz relación diez años antes, haciéndolo pasar como gastos legales.

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El presidente electo tildó el proceso penal de «vergüenza para el sistema» judicial, y agregó por videoconferencia desde Florida junto a uno de sus abogados que el juicio se hizo «para dañar mi reputación para que perdiera las elecciones y obviamente eso no funcionó». 

Trump sufrió el jueves por la noche un último revés después de que la Corte Suprema rechazara por estrecho margen un recurso de urgencia para impedir el anuncio de la sentencia, en el único de los cuatro frentes judiciales que lo ha sentado en el banquillo.

Defensa de Trump intentaron que el caso fuese sobreseído 

Los abogados de Trump han tratado por todos los medios legales de que el futuro 47º presidente de Estados Unidos no fuera sentenciado y el caso fuera sobreseído invocando el fallo favorable de la Corte Suprema, que en julio pasado decretó la inmunidad presidencial por actos oficiales.

La defensa del magnate alegaba que la inmunidad judicial concedida a un presidente en ejercicio debería extenderse a un presidente electo y así «evitar una grave injusticia y daño a la institución de la presidencia y las operaciones del gobierno federal».

El fiscal del caso, Joshua Steinglass, recordó en la audiencia que el veredicto del jurado fue «unánime y decisivo y debe ser respetado» y acusó al futuro presidente de «participar en una campaña coordinada para socavar» el proceso que «ha causado un daño duradero a la percepción pública del sistema judicial».

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