El gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció la aprobación para la construcción de un centro de detención temporal aislado para albergar a detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una zona remota de los Everglades de Florida. El centro fue bautizado por James Uthmeier, fiscal general de Florida, como “Alligator Alcatraz”, debido a que se planea que la prisión para inmigrantes esté rodeada de caimanes.
El DHS anunció a través de su cuenta de X que trabaja “en formas rentables e innovadoras de cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de realizar deportaciones masivas”, y señaló que colabora con el “Sunshine State” para ampliar las instalaciones del nuevo centro de detención. Las autoridades estatales de Florida comenzaron a edificar el recinto el lunes.
El objetivo es que el sitio esté operativo durante la primera semana de julio. El lugar seleccionado es un terreno de unos 78 kilómetros cuadrados (30 millas cuadradas) llamado Miami-Dade/Collier Training Facility, que actualmente alberga “un aeropuerto prácticamente abandonado”. De acuerdo con Uthmeier, en este terreno se levantará una instalación con capacidad para 5.000 camas destinada a personas inmigrantes con antecedentes penales.
El diseño arquitectónico del centro en los Everglades incluye la instalación de grandes carpas capaces de resistir el clima extremo del verano en Florida. Según las fuentes, se contempla el despliegue de personal militar y la utilización extensa de recursos estatales para su administración, sin necesidad de construir muros o sistemas de seguridad convencionales gracias a la ubicación geográfica y la presencia de animales salvajes en la zona.
El predio está bajo propiedad del Condado de Miami-Dade y la Guardia Nacional de Florida desempeñará un papel clave en su funcionamiento. Según Uthmeier, la ubicación representa “una oportunidad eficiente y de bajo costo” por no requerir grandes medidas de seguridad exterior. “Si alguien escapa, no encontrará mucho más que caimanes y pitones. No hay adónde ir ni dónde esconderse”, afirmó el fiscal general.
El proyecto tiene como objetivo completarse en 30 a 60 días desde el inicio de las obras. El coste operativo estimado para el estado supera los 450 millones de dólares anuales, pero el gasto podrá reembolsarse al menos en parte a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), según datos publicados por el New York Times. Aunque la planificación y construcción avanzan rápidamente, funcionarios locales han manifestado inquietudes acerca del proceso.
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, envió una carta a la División de Manejo de Emergencias de Florida en la que expresa que “no ha habido tiempo suficiente para analizar adecuadamente estos asuntos”, requiriendo mayor discusión en torno a los planes estatales para el uso de los terrenos seleccionados. Levine Cava indicó que las obras comenzaron el lunes.
El financiamiento previsto para operar centros como este en los Everglades se deriva de un fondo especial creado durante la administración anterior, concebido para ayudar a organizaciones que albergan y atienden a migrantes sometidos a procesos judiciales. Parte de estos fondos ya había generado controversia por el retiro de recursos destinados a la ciudad de Nueva York por parte del DHS a comienzos de este año, provocando incluso litigios para recuperar las sumas, señaló The New York Times.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que “Alligator Alcatraz ampliará las instalaciones y el espacio disponible en solo días gracias a la colaboración con Florida”. El fiscal general James Uthmeier declaró su apoyo incondicional a la administración federal, afirmando: “Me enorgullece ayudar a apoyar al presidente Trump y a la secretaria Noem en su misión para solucionar de una vez por todas nuestro problema de inmigración ilegal”, según expresó en redes sociales.
El número de personas retenidas por autoridades federales de inmigración ha ascendido hasta aproximadamente 55.000 durante la actual administración, en contraste con los 40.000 detenidos al final de la presidencia anterior, según cifras publicadas por The New York Times. El gobierno federal ha presionado al Congreso para aumentar el financiamiento destinado a expandir la capacidad total de camas.
Fuente: Infobae.com