El ente anticorrupción de Corea del Sur pidió a la Policía ejecutar la orden de arresto contra el destituido Yoon Suk-yeol

La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) solicitó este lunes a la Policía surcoreana que ejecute la orden de arresto temporal contra el presidente destituido, Yoon Suk-yeol, por su intento de instaurar la ley marcial.

La orden, obtenida luego de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar, caduca a medianoche hora local (15.00 GMT), por lo que las autoridades evalúan la posibilidad de detenerlo en las próximas horas o de solicitar una prórroga, según la agencia de noticias Yonhap.

El viernes pasado, el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) bloqueó un intento de agentes del CIO y decenas de policías de acceder a la residencia de Yoon para arrestarlo, lo que generó un tenso enfrentamiento de horas. Este lunes, el CIO envió una carta a la Policía solicitando su intervención para ejecutar la orden, aunque un representante policial confirmó que se está llevando a cabo una “revisión legal interna” para determinar la viabilidad de la solicitud.

Paralelamente, manifestantes a favor y en contra de Yoon se congregaron frente a su residencia, acampando en temperaturas bajo cero para expresar sus posturas.

“El Servicio de Seguridad Presidencial protegerá al presidente, y nosotros protegeremos al Servicio de Seguridad hasta la medianoche”, declaró Kim Soo-yong, uno de los organizadores de las protestas pro-Yoon. En contraste, líderes de las protestas en contra del presidente destituido han exigido su arresto inmediato, criticando la falta de acción de las autoridades.

Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre, tras ser acusado de insurrección por declarar la ley marcial de forma fallida. Según la Constitución de Corea del Sur, el delito de insurrección es uno de los pocos por los que un presidente en funciones puede ser procesado penalmente, con penas que incluyen cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque el país mantiene una moratoria sobre esta última desde hace casi 40 años.

La defensa de Yoon calificó las órdenes de detención como “ilegales e inválidas”, argumentando que el CIO no tiene la autoridad para solicitar arrestos por delitos de insurrección, una atribución exclusiva de la Fiscalía. Sin embargo, un tribunal de Seúl desestimó el domingo la solicitud de anulación presentada por sus abogados.

En caso de que Yoon sea arrestado, el equipo conjunto que lo investiga, compuesto por el CIO, la Policía y el Ministerio de Defensa Nacional, dispondría de 48 horas para interrogarlo y, si lo considera necesario, solicitar una orden para prolongar su detención.

Yoon Suk-yeol, destituido en diciembre por la Asamblea Nacional, está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida antes de junio si lo restituye o lo remueve del cargo de manera definitiva. Mientras tanto, se le ha prohibido salir del país.

El intento de arresto de Yoon y su posterior bloqueo por parte de su personal de seguridad se producen en medio de una de las mayores crisis políticas de Corea del Sur en años. Además, la destitución de Yoon llevó al primer ministro Han Duck-soo a asumir la presidencia interina, aunque él también enfrenta un juicio político promovido por la oposición. La primera audiencia previa a su juicio tendrá lugar el 13 de enero.

La oposición, que domina la Asamblea Nacional, votó el pasado 27 de diciembre a favor de destituir a Han Duck-soo, menos de dos semanas después de que asumiera el cargo interino.

En un informe de los fiscales, citado por AFP, se señala que Yoon ignoró las objeciones de varios ministros clave durante una reunión de gabinete previa a su fallida declaración de ley marcial. Entre los opositores a la medida estaban el entonces primer ministro, el ministro de Finanzas y el ministro de Exteriores, quienes advirtieron sobre las graves consecuencias económicas y diplomáticas de esa decisión.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)