El periodista exiliado Juan Luis Font acusó a la fiscal Consuelo Porras de establecer una “dictadura judicial” en Guatemala

Cuentas troles que publican información privilegiada en casos montados contra investigadores antimafia, “likes” y “reposteos” como pruebas para ordenar la captura de un periodista o la persecución penal contra el presidente Bernardo Arévalo son parte de la caja de herramientas utilizadas por el Ministerio Público de Guatemala, cuya titular, Consuelo Porras, ha sido sancionada en 42 países por conductas corruptas y antidemocráticas.

El caso más reciente es el del periodista Juan Luis Font, un periodista con 35 años de carrera que ha ocupado puestos de dirección en revistas y diarios y ha fundado espacios radiales y televisivos de amplia difusión en Guatemala.

Font está en el exilio desde hace dos años y medio, luego de que el Ministerio Público (MP) de Porras emprendió la persecución en su contra a través de un caso en el que lo acusa de coludirse con una jueza para protegerse de una investigación penal.

El pasado 6 de diciembre, el MP emitió una orden de captura contra Font por los delitos de cohecho y colusión activa. El principal argumento de esa supuesta colusión entre Font y la jueza Erika Aifán, también exiliada y quien antes de salir de Guatemala estaba a cargo de un expediente en el que se nombra al periodista, es que ambos se siguen en la red social X.

Una fuente judicial guatemalteca que está familiarizada con la persecución a Font aseguró a Infobae que el caso contra el periodista está basado, en buena medida, en una declaración de Alejandro Sinibaldi, uno de los funcionarios más poderosos durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

Pérez no pudo finalizar su mandato tras un escándalo de corrupción en el uso de fondos públicos. Sinibaldi fue investigado y procesado, entre otras cosas, por su presunta participación en la trama de corrupción ligada a Odebrecht.

Tras la renuncia de Otto Pérez Molina, forzada en 2015 por manifestaciones multitudinarias que exigían su salida, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que entonces no estaba bajo el control de Porras, amplió investigaciones y abrió expedientes a varios funcionarios de aquel gobierno.

A Sinibaldi la FECI lo investigó a partir de 2016 por cinco casos que, además de la trama Odebrecht, incluyen un esquema de corrupción para el cobro de coimas a empresarios de la construcción a cambio de entrega de contratos de obra pública y una red de recolección de fondos públicos para comprar regalos a Pérez Molina. El MP de entonces llegó a girar cinco órdenes de captura, pero el exministro logró huir.

Sinibaldi regresó a Guatemala en agosto de 2020, ya cuando Porras era la fiscal general, y se entregó a la justicia. A partir de entonces, el MP y la justicia guatemalteca lo han favorecido, lo dejaron en libertad y dejaron morir poco a poco los expedientes en los que se le acusó por corrupto.

A cambio, el exfuncionario empezó a dar declaraciones en contra de algunos de los investigadores anticorrupción que le siguieron la pista y lo procesaron penalmente y contra otros que, como el periodista Font, cubrieron esos casos judiciales.

En el marco de esas declaraciones, de acuerdo con la fuente judicial consultada, Sinibaldi dijo ante el MP que Font le había pedido dinero para suavizar la cobertura de los casos de corrupción que lo implicaban.

El caso del MP, sin embargo, nunca se sostuvo y los pupilos de Porras no anexaron muchos más elementos al expediente que la declaración del exministro. Una de las asistentes más cercanas a Sinibaldi incluso desmeritó lo dicho por su exjefe en una de sus primeras declaraciones.

Un abogado de Font había pedido que su caso se trasladara al tribunal que entonces dirigía la jueza Aifán, que era en el que se ventilaban varios de los expedientes que implicaban a Sinibaldi. La jueza aceptó. Esa decisión, la de conocer las acusaciones contra Font, fue apelada y el expediente llegó hasta la Corte de Constitucionalidad del país, que dio la razón a la juzgadora.

Erika Aifán es una de las juezas más reconocidas de Guatemala. Su labor como juzgadora independiente, comprometida con los esfuerzos anticorrupción en su país, fue reconocida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la Asociación Internacional de Jueces en 2022.

Por su despacho, cuando fue jueza de mayor riesgo, pasaron algunos de los casos emblemáticos de la lucha antimafia que apoyó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la década pasada.

Fue Aifán una de las operadoras de justicia que se atrevió a romper el cerco de impunidad que protegía a grandes empresarios, políticos poderosos y criminales organizados.

Entre esos expedientes están los conocidos como Asalto al ministerio de salud, Pandora, Construcción y corrupción, comisiones paralelas 1 y 2, además del de Odebrecht.

Estos casos implicaban a imputados acusados de desfalcar al Estado, funcionarios como Alejandro Sinibaldi, el exministro al que la fiscal Consuelo Porras favoreció y cuya participación ha sido esencial en la persecución al periodista Font y a Aifán.

Cuando el MP de Porras se encontró sin pruebas reales para sostener la acusación de colusión entre ellos dos, acudió a la estrategia de apretar el acoso a Font con la orden de captura basada en los “likes” en la red X.

En charla con Infobae, Font niega todas las acusaciones del MP. “Nunca me encontraron nada y se inventan lo de la colusión y cohecho porque la jueza Aifán y yo nos seguimos en Twitter (hoy X)”, dice el periodista, quien califica la actuación del MP como una “dictadura judicial”.

No falta ironía al asunto. El mismo MP que ocupa “likes” en X como argumento para acusar a un periodista y a una de las juezas más reconocidas de Guatemala, ventila las previas de la persecución en las redes sociales y las utiliza para alimentar la caja de resonancia que suele iniciar la criminalización de voces críticas.

Es un patrón ya común en el país centroamericano: una cuenta trol, con miles de seguidores, adelanta información privilegiada, como una orden de captura, para que luego algún vocero oficial del MP la confirme.

En el caso del periodista Juan Luis Font, fue la cuenta identificada como ¡Yes, Master!, vinculada por investigaciones periodísticas al Ministerio Público y a uno de los lugartenientes más importantes de la fiscal Porras, la que adelantó movimientos contra el periodista y la jueza.

Luego Ángel Pineda, secretario de la fiscal general, se hizo eco de la especulación. Fue hasta después que las cuentas oficiales del MP confirmaron la orden de captura contra Font.

La cuenta anónima adelantó tan pronto como el 3 de diciembre que habría una acción judicial contra Font y Aifán. Tres días después, Rafael Curruchiche, otro de los lugartenientes de Porras y también sancionado como corrupto y antidemocrático por el Departamento de Estado en Washington, confirmó la orden de captura contra Font.

La cuenta ¡Yes, Master! se encargaba de difamar y atacar a quienes criticaban al MP por el acoso al periodista, mientras Pineda, el secretario de Porras, defendía las acciones de la fiscalía. Todos se reposteaban entre todos.

Pineda, también sancionado por Washington y Bruselas, ya fue investigado por filtrar de forma ilegal información sobre redes de corrupción y sus posts suelen estar entre los más reproducidos por las redes de troles utilizadas en Guatemala para acosar a periodistas y a exoperadores de justicia hoy exiliados o perseguidos que participaron en casos que implicaban a funcionarios de alto nivel.

Uno de los casos que suele generar la activación inmediata de la red es el de otro periodista, José Rubén Zamora, ex director de El Periódico y a quien Porras y los suyos tuvieron preso más de 800 días, también con un caso montado sobre supuestos que la fiscalía nunca pudo sostener.

Zamora es uno de los periodistas más respetados de Guatemala y antes de ser capturado publicó investigaciones que implican en redes de corrupción al expresidente Alejandro Giammattei, aliado político de Porras y a quien la fiscal protegió de investigaciones penales.

Font asegura que casos como el suyo y el de Zamora son parte de un patrón de persecución a la prensa independiente en Guatemala. “No han podido intimidar a la prensa, pero el deseo que tienen de silenciarla es muy grande”, dice el periodista.

A la orden de arresto emitida contra Font se suman, en los últimos días, el intento de criminalizar al periodista Diego España, del medio La Hora, uno de los más críticos de la gestión de Porras al frente de la fiscalía guatemalteca, y menciones amenazantes del fiscal Curruchiche a medios como Prensa Comunitaria, uno de los más leídos del país, que ha cubierto de forma amplia casos de corrupción como la implicación de Giammattei en sobornos entregados por mineros rusos y kazajos.

A diferencia de lo que ocurrió hasta inicios de 2024, en la actualidad la fiscal Porras no tiene relaciones amistosas con el presidente del país, Bernardo Arévalo, un socialdemócrata elegido de forma sorpresiva en las presidenciales de 2023.

Arévalo, adversario político de Giammattei, dijo durante la campaña que buscaría la destitución de Porras. En respuesta, la fiscal general intentó por todos los medios a su alcance impedir el ascenso del nuevo presidente: montó un caso de supuesto fraude electoral al Partido Semilla de Arévalo y buscó levantar la inmunidad del nuevo mandatario.

En uno de los casos contra Arévalo que los fiscales de Porras intentaron hacer prosperar la prueba reina eran, también, posts en X. El MP acusó al presidente y a su vice, Karin Herrera, en un caso al que denominó Toma de la USAC, con el cual pretendió criminalizar protestas en la Universidad de San Carlos, la más grande del país, por la elección de un rector señalado por nexos con redes de corrupción. La prueba de los agentes de Porras: “likes” del presidente y de Herrera a posts que apoyaban las demandas de los estudiantes.

El 18 de diciembre pasado, la organización Human Rights Watch se sumó a las voces internacionales que han criticado las acciones del Ministerio Público de Guatemala.

La oficina que dirige Porras, dice HRW, “está impulsando investigaciones penales por motivos políticos contra miembros del gobierno del presidente Arévalo”. En estos casos no hay “evidencia creíble”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la organización para las Américas.

La persecución del MP, según HRW, incluye “procesos penales arbitrarios contra jueces independientes, fiscales y periodistas”.

No son solo organizaciones internacionales de derechos humanos los que condenan al MP de Porras, son también los gobiernos de los países y regiones que se cuentan entre los socios más importantes de Guatemala.

El 16 de diciembre pasado, la Unión Europea en Bruselas renovó las sanciones contra Porras, Curruchiche, Pineda, y la fiscal Cinthia Monterroso, que es una de las implicadas en la persecución al periodista José Rubén Zamora. Estas sanciones impiden a estos guatemaltecos entrar por cualquier vía a los países de la UE.

No parece que Porras y los suyos vayan a dejar el MP en los próximos días a pesar de la presión internacional. El presidente Arévalo no tiene poderes constitucionales para destituir a la fiscal general, solo el Congreso, donde no parece haber por ahora la correlación política para culminar su mandato.

Mientras, periodistas como Juan Luis Font siguen condenados al destierro y a la persecución: “Estoy en el exilio desde abril de 2022. Luego entre de hurtadillas a Guatemala y estuve tres meses porque mi mamá estaba muy enferma. Salí dos semanas antes de que muriera”, cuenta.