La Justicia de Bolivia citó nuevamente a Evo Morales a comparecer ante los tribunales en la investigación por trata de personas

La Justicia de Bolivia citó nuevamente al ex presidente Evo Morales a comparecer en la causa que lo investiga por trata de personas.

Este viernes, un tribunal de la sureña región de Tarija publicó el llamado a declaratoria fijado para el próximo 14 de enero por la mañana, con el fin de esclarecer su participación en una secuencia de hechos en los que se lo señala por haber abusado sexualmente de una menor en 2014.

“Se señala audiencia pública presencial para el día martes 14 de enero a horas 9:30. Sea con noticia de la autoridad fiscal y demás sujetos procesales”, se lee en el documento, firmado por el juez Nelson Rozabado, del juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia de la Mujer.

El caso en cuestión investiga al ex Presidente por haberse valido de su cargo político -hace casi una década- para “captar” a una joven, miembro de la guardia juvenil del grupo Generación Evo, y mantener una relación con ella a cambio de beneficios para sus padres.

Exactamente, el texto señala que Morales, a quien identifica como “imputado”, se “aprovechó de la vulnerabilidad” de la menor “y el asentamiento de los padres” para conseguir que “esté a su disposición para satisfacer sus necesidades sexuales (…) en diferentes eventos y viajes realizados, sin considerar que se trataba de una adolescente de 14 años”.

Por estas acusaciones, el Ministerio Público imputó formalmente al cocalero y a la madre de la presunta víctima, ambos bajo los cargos de trata y tráfico de personas agravado. Asimismo, citó a declarar al político, quien se negó a asistir a los tribunales alegando falta de garantías.

Su decisión llevó a la Fiscal a cargo a emitir una orden de aprehensión, que aún no se ha hecho efectiva, y al Gobierno a activar una alerta migratoria, con el fin de impedir su fuga de Bolivia.

Todas estas acciones generaron gran malestar en el ala evista del Movimiento al Socialismo, que asegura que el caso ya había sido investigado hace años y que ahora estaba siendo “desarchivado” como parte de una persecución política que busca dejarlo fuera de las elecciones presidenciales de 2025.

De hecho, como muestra de su descontento, el 16 de octubre, cuando se conoció que la Fiscalía había pedido la detención de Morales, sus seguidores iniciaron un bloqueo masivo de caminos que, en sus 24 días, desató violencia, enfrentamientos, heridos y pérdidas millonarias para el país.

También, esta semana, ante el creciente temor de que se ejecute la medida, el grupo reforzó la custodia del político, que está recluido en Lauca Ñ, una población de la zona central del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.

Los campesinos “están atentos para movilizarse en cualquier momento” ante un posible “atentado contra su vida”, dijo este martes el diputado gubernamental del partido Renán Cabezas, mientras que el secretario ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, Isidro Auca, apuntó que “las organizaciones sociales estamos firmes para defender su vida, aunque sea en fiestas, frío, lluvia… los compañeros vamos a seguir resguardando”.

Por su parte, el equipo legal de Morales insiste en su inocencia y asegura que la orden de detención es inválida y por eso no ha entrado en vigor aún.

“Si están hablando de la orden de aprehensión que fue emitida por la fiscal Sandra Gutiérrez el 16 de octubre, esa orden ha sido dejada sin efecto con la acción de libertad que se llevó en la ciudad de Santa Cruz”, dijo el jurista Marcelo Galván en entrevista con el canal DTV y confirmó luego a Infobae la abogada Cecilia Urquieta.

(Con información de EFE)